Héctor A. Martínez

El mundo ha cambiado radicalmente tras la aparición del Covid-19, y aunque la mayoría de las personas no lo acepte, eso que llamamos con bastante optimismo como “normalidad”, no volverá a ser posible en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, principalmente en el mundo de las organizaciones y el trabajo.

El primer impacto negativo que nos trajo la pandemia es la baja productividad como producto de la disminución en la oferta y la demanda de bienes y servicios. El resultado ha sido, por tanto, un desempleo galopante, pocas veces visto en la historia, quizá desde los días de la Gran Depresión del 29. Ante la falta de un salario regular, millones de personas se han visto obligadas a desarrollar habilidades que se encontraban escondidas, ofreciendo servicios domésticos y productos artesanales en sus propias comunidades para generar el ingreso que les permita vivir dignamente.

Sin embargo, a pesar del “shock” productivo, las empresas han acudido al recorte de personal y a implementar mejoras incrementales para bajar los costos en los procesos. Si lo vemos con la frialdad de los negocios, esto no tendría nada de extraño en otros tiempos. De hecho, esas fueron las recomendaciones desde los años 90 del siglo recién pasado cuando se aplicaron los modelos de la reingeniería y los sistemas de calidad total bajo el lema “Hacer más con menos” o “Lo que el cliente pida”. En tiempos de crisis económicas como la del 2008, muchas empresas se vieron obligadas a implementar estrategias con el fin de abaratar el costo por unidad producida con el fin de hacerle frente a la crisis, generando más utilidades y utilizando menos recursos. Hoy en día, la gran pregunta de los empresarios deberá ser la misma que planteaba Peter Drucker en los años 90: ¿Qué hacer para prepararnos frente a la adversidad de los tiempos?

Es casi seguro que la mayoría de las personas no volverán a sus antiguos empleos ni volverán a ser contratados por otras empresas, aunque esto no será exclusividad del sector productivo. En el Estado también sucederá lo mismo. Aparte de los operarios que seguirán haciendo acto de presencia en las fábricas, la gestión administrativa se verá reducida a unos pocos “managers” porque no habrá necesidad de tantas cabezas haciendo el trabajo que un par de ellos puede llevar a cabo sin problemas. La reducción del personal supernumerario y el trabajo en casa están ahorrando millones de dólares a las empresas por conceptos de facturación de energía, agua y alquileres. Para los empleados, el confinamiento representa una significativa disminución en los costos de transporte, gastos por alimentación en el trabajo y reducción de riesgos por inseguridad en las calles. Si ese fuese el caso -como seguramente lo será por cuestiones de supervivencia-, habrá que replantear todo el sistema de puestos y salarios y las mediciones de productividad en consonancia con el objetivo de negocio de las empresas. Así, muchas áreas de las tradicionales, jerárquicas y burocráticas ya no tienen sentido funcional y se han convertido en verdaderos centros de costos, aunque la mayoría de los empresarios se aferran a ellas porque creen que la clase directiva sigue siendo más importante que los puestos operativos. Al contrario: el nuevo foco administrativo deberá estar centrado en aquellos que participan directamente en los procesos, los que construyen y diseñan, los que ensamblan y los que se enfrentan directamente con los clientes.

Revisemos el impacto de todo esto: cambios en las formas de vender, modificaciones en los sistemas administrativos, transformaciones en las estructuras organizacionales, y hasta cambios en las escuelas de negocios donde aún se sigue hablando en términos tradicionales. En esta misión trascendental de transformación empresarial, el papel del Estado deberá ser de suma importancia, siendo apoyo y no estorbo, porque nada puede hacerse sin el respectivo amparo legal para no crear desmanes que atenten contra los derechos de los trabajadores.

Así las cosas, hay toda una tarea por delante que deberá hacerse en este preciso momento para poder enfrentar la nueva amenaza de la pandemia.

John Stuart Mill decía en su obra “Consideraciones sobre la democracia representativa” que existen dos tipos de ciudadanos: los pasivos y los activos. Que los políticos preferían a los primeros porque resultaba más fácil manipularlos y volverlos dóciles e indiferentes frente a los desmanes cometidos por el poder.

Esta clasificación social era para Mill, a todas luces, una clara crítica a la mecánica de selección de los representantes a cargos populares, considerando el promedio educativo de los votantes, pero sin dejar de sugerir que mientras esos niveles no mejoren, las ofertas políticas provenientes de los partidos siempre serán aquellas que solo benefician a las cúpulas y no a la mayoría de la población. Mientras esto ocurra -y porque todos sabemos que es así-, entonces, el gran fallo de la democracia seguirá siendo la forma de participación ciudadana en las decisiones de los partidos políticos, confirmando lo que Stuart Mill escribió hace ya casi doscientos años.

La importancia del nivel educativo estriba en la capacidad de selección de cada individuo que -se supone-, deberá elaborar un análisis profundo de las opciones que se le presentan en los procesos eleccionarios. Según un principio básico -en el que casi nadie repara-, los votantes deberían ser capaces de determinar si la acción de elegir a un candidato de un partido político resulta ser de beneficio para su vida o si se trata de un mero entusiasmo colectivo estimulado por la propaganda de los medios de comunicación masiva. Si el motivo primordial para elegir no fuese la utilidad práctica de su acción, entonces no tendría ningún sentido participar en un evento de naturaleza plebiscitaria, porque, se supone, que el depósito de un voto en la urna debería tener un efecto benéfico, a la manera de una tasa de retorno de la inversión, en este caso, de naturaleza política. Nadie compra un producto o servicio sin pensar en su utilidad práctica y nadie arriesga su medio de compra por el simple hecho de gastarlo sin sentido práctico.

Como todos sabemos, los políticos en América Latina se han servido de la ignorancia de la mayoría de la población para manipular la psique, a través de las campañas publicitarias, aprovechando el efecto directo y subliminal del marketing social, cuya misión primordial es tratar de posicionar las ofertas en la mente de los votantes, como si se tratara de productos de consumo masivo colocados en el supermercado electoral. La gran diferencia es que, en el mercado de bienes y servicios privados, el cliente puede elegir si tomarlo o no, dependiendo de sus características como la calidad o el precio. Incluso la devolución es considerada en estos casos.

En los años 80 y 90 del siglo pasado, la imagen externa fue el cebo para atraer a los votantes, mientras que estos no reparaban en la ascendencia moral de los candidatos. Bastaba con la verbosidad sin sentido proferida en los mítines organizados en los barrios marginales. En este siglo, el contenido del discurso utilizado pasó a ser la clave de la apuesta electoral. Ahora se alude más al simbolismo de la inclusión social, simbología que los políticos tradicionales han comenzado a explotar para alcanzar sus propósitos electorales.

Hay quienes aseguran que el abstencionismo, en sociedades como la nuestra donde el nivel educativo es bajísimo, es un síntoma de que la población ha comenzado a tomar consciencia, mientras el deterioro democrático se muestra evidente. En general, el público está más interesado en la ética que en los resultados económicos, por una sencilla razón: no creen en la utilidad práctica de la política. Para llegar a ese estado de consciencia que es lo mismo que decir educación -en este caso, empírica-, han pasado cerca de doscientos años, y no sabemos cuántos años más habrán de pasar para darnos cuenta de que los beneficios de la política son para quienes la ejercen y no para las mayorías.

A ver si nos entendemos: un capitalista es un empresario que quiere hacer negocios por medio de productos o servicios que resultan ser de utilidad para otras personas que están dispuestas a pagar para obtenerlos. Un capitalista es la persona que dispone, como decía Marx, del capital para invertir y que, junto a la tierra, maquinaria e instalaciones, constituyen los llamados medios de producción. Aunque, a decir verdad, las cosas ya no son como en los tiempos del barbudo de Tréveris. Hoy en día se puede prescindir de algunos de ellos: Nike, por ejemplo, no necesita de los últimos tres factores: le basta con ofrecer contratos a cientos de maquiladores alrededor del mundo para que elaboren sus productos.

La historia es esta: un empresario hondureño pretende comprar las vacunas de manera directa a los fabricantes extranjeros con el objetivo de traerlas para Honduras. Su argumento es que, mientras haya personas dispuestas a adquirirlas, la cobertura de inmunización se lograría más rápido en el país, en vista de la lentitud y la ineficacia demostrada por el gobierno hondureño durante la pandemia. Según este empresario, los contagios disminuirían progresivamente, bajando la curva de infección, logrando salvar vidas preciosas, que es, al fin y al cabo, el objetivo final de las inmunizaciones colectivas.

Nuestro empresario se sienta en un foro televisivo matutino, con dos representantes del gobierno, y tras la exposición de su buena intención, los funcionarios de salud le responden que no existe ningún problema para importarla; que la ley no le impide hacerlo, siempre y cuando cumpla con los estándares sanitarios y requisitos de importación del producto. A partir de ese momento, el empresario y el moderador del foro tienen claro que el camino está allanado para los importadores privados. Aunque la postura de los miembros del gobierno es media vacilante, como es natural en los discursos de los funcionarios estatales, estos aseguran que no existen impedimentos para quienes quieran realizar el negocio de manera lícita. Buena noticia.

Pero ¿Qué creen? Casi al final del programa se recibe un mensaje de un alto directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), desautorizando al empresario visionario, asegurando que solo el Estado tiene la potestad de obtener y distribuir la vacuna del Covid-19. No sin cierta confusión, el director del programa sentenció las pretensiones del empresario con estas palabras: “Esto le pone la tapa al pomo”.

Dos cosas al respecto que termina de confirmar lo que los pensadores del liberalismo económico como Hayek o Ludwig von Mises afirman: primero, que no todos los empresarios son partidarios del libre mercado, y segundo, que en el gobierno se dieron cuenta que el mercado es el mejor agente que asigna los recursos. Ser “empresa privada” no es sinónimo de liberalismo económico o de libre mercado, y esta sentencia tiene tremendas repercusiones políticas e ideológicas, porque la gente tiende a confundir el capitalismo de amigos con el verdadero capitalismo, que es la esencia del liberalismo económico. Puede existir una poderosa organización empresarial en un país, sin profesar devoción por la libre competencia, pues para ciertos grupos, el mejor negocio no radica en la oferta y en la demanda llevada a cabo entre agentes que compiten sanamente entre sí, sino en aquellos mercados protegidos el Estado. Ese proteccionismo es que le hace daño a la economía nacional porque desalienta la inversión extranjera e impide la creación de empleos.

Cuando un gobierno pretende, con buenas intenciones, ofrecer productos y servicios, se da cuenta de que es mejor que los privados se encarguen del asunto, porque los negocios son exclusivos para los verdaderos capitalistas y no para los políticos. Hace bien nuestro gobierno en permitir que los empresarios puedan traer la vacuna, porque finalmente entendieron cómo funciona el mercado. Quienes no han entendido el asunto son aquellos empresarios que siguen gozando de los privilegios estatales y ven en el Estado el mejor medio para hacer negocios.

Uno de los mitos que nos han heredado a través de las generaciones, es aquel que sostiene que las empresas estatales son “empresas del pueblo” y que, por tanto, no deben ser cedidas, bajo ninguna condición, a la administración privada.

No sé quiénes inventaron esa frase que no tiene apego con la realidad y que resulta completamente falsa, porque, a decir verdad, ningún estado debería mantener empresas de bienes y servicios bajo su control administrativo, pues su rol no es generar la riqueza, sino, cuidarla y promoverla, permitiendo que los sectores productivos -privados, desde luego-, puedan operar bajo condiciones de confianza y seguridad jurídica. La confianza está asentada en la seguridad jurídica y económica, es decir, cuando un capitalista quiere movilizar su capital hacia un determinado sector, primero observa la situación política del país para decidir si vale la pena el riesgo de la inversión. Esa seguridad solo la puede ofrecer el Estado. Pero no es la función de este meterse a los negocios, por varias razones: primero, porque compite en mala lid con aquellos actores que quieren invertir en los rubros donde el Estado es el dueño de la plaza. Segundo: porque la motivación primera de una empresa estatal no es la ganancia, sino los mandatos de los políticos. Sus directivos no obedecen a las líneas estratégicas, sino a las órdenes que vienen de arriba, es decir, dejan de ser “managers” para convertirse en autómatas de la maquinaria oficialista. A la larga, eso entorpece los resultados en todas las perspectivas del negocio: a los empleados, los procesos, los clientes y, por supuesto, a las finanzas. Es un problema de causa y efecto.

La ENEE y Hondutel, en su condición de empresas estatales han comenzado a evidenciar síntomas de liquidez y de solvencia para responder a los agentes que gravitan alrededor de ellas como ser, empleados, proveedores, clientes y al mismo Estado que funciona, en este caso, como el único inversionista. Cuando una empresa comienza a presentar problemas financieros y dificultades para responder a los acreedores y proveedores, decimos que es una empresa condenada al fracaso, salvo que ocurra un milagro. Pero ese milagro no es cuestión providencial, sino de sesos y de estrategias. Con el cuadro clínico que presenta la ENEE y Hondutel, en una empresa privada ya se habrían hecho los esfuerzos para aplicar una de las estrategias que Michael Porter sugiere para determinar si en los plazos correspondientes, es posible evitar la debacle; un plan que, a esas alturas casi siempre resulta en un intento fallido.

El otro problema, que a la vez es un mito, es suponer que una empresa estatal vende más barato porque es más consciente de la situación de los pobres. Esa falacia solo un inocente se la cree. Cualquier empresa, sea estatal o privada está regida por los precios del mercado, de la oferta y la demanda, es decir, no opera en un mercado paralelo. Cuando los gobiernos acuden al subsidio por razones políticas, es decir, cuando el Estado contribuye con una parte de la factura del consumidor, es un costo que saldrá del bolsillo de alguien más, ya sea vía impuestos o cortando el presupuesto de otra entidad pública para rellenar el hueco financiero. O con préstamos que todos sabemos lo que provocarán en el futuro.

Una empresa sana es la que genera riqueza, pero la reinvierte en tecnología para mejorar el rendimiento por unidad productiva. Es aquella que mejora los procesos, bajando los costos para mantener los precios estables. Es la que sirve al cliente con denuedo y no ve en las quejas de estos, molestias sino, oportunidades. Una empresa pública obsequiosa, en cambio, que despilfarra sus recursos, es una empresa condenada a la muerte. Es una empresa que, en lugar de generar riqueza, la destruye, pero, aun así, sigue siendo del pueblo.

Consideremos esta pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que nos contagiemos con el virus de COVID-19? La respuesta más congruente sería: “Depende de los comportamientos de cada uno”. Pero revisemos esta otra inquietud que se ha puesto muy en boga: Si abren los negocios, ¿significa que una mayor cantidad de personas lograrán adquirir el virus en vista de que el Estado ha cedido a las presiones de los empresarios al desregular las salidas de la población tal como al inicio de la crisis sanitaria? La respuesta es la misma que la anterior: dependerá siempre de las conductas, de los hábitos y del conocimiento que tengan las personas sobre la inminencia del peligro al exponerse sin tomar las precauciones del caso.

Desde luego que estamos muy apesarados por la pérdida de todas las vidas humanas, en especial por las de nuestros amigos y parientes, a causa de esta afección global nunca vista en la historia de la humanidad. Esta crítica situación que está desconcertando a los científicos, economistas, médicos y políticos, ha provocado el debate entre los técnicos de los gobiernos y los expertos en salud sobre la posibilidad de cerrar los mercados para inducir a las personas a confinarse, e impedir que el virus circule con mayor rapidez entre la población. Desde el lado de la empresa privada, las cosas son diametralmente opuestas: los empresarios arguyen de que las medidas de restricción extremas, vía decreto, son perjudiciales para la economía, sobre todo si consideramos que el Estado necesita percibir los impuestos de forma sostenible para mantener el presupuesto general, pues, de lo contrario, las funciones de las instituciones relacionadas con las áreas de salud y de educación se verán afectadas.

Los gobiernos, principalmente en el caso de Honduras, se encuentran entre la espada y la pared en medio de la “refriega”, aunque no hay razones para estarlo: no existe ninguna contradicción hegeliana cuando la balanza se inclina hacia la activación de la economía, aunque resulte molesto decirlo de esta manera. En la vida todo tiene un costo, ya sea de oportunidad o de transacción como le llamaba el desaparecido economista Ronald Coase a las decisiones que toman las personas, o las que toman los mismos gobiernos. Es decir, en los mercados privados y públicos, no todos resultan beneficiados: las transacciones implican que unos se sentirán afectados y otros, por el contrario, saldrán gananciosos. Pero no debemos sentir pena por ello. Cuando el Estado decide abrir una carretera, deja de construir una escuela o un proyecto de agua potable. No puede hacer dos o tres cosas a la vez. Cuando un funcionario hace negocios ilícitos dentro de un gobierno, alguien se verá afectado: nada pasa sin que pase nada, el mundo es un enorme sistema de causas y efectos.

¿A qué apostamos? Si los riesgos de salud pueden disminuirse tomando las respectivas decisiones de protección, pues ¡cúmplase! Que sea el individuo y no el Estado el que se encargue de su propio destino: si yo opto por salir a la calle, lo hago bajo mi propio riesgo si me comporto de manera irresponsable. Si la tienda que visito no guarda la seguridad establecida, simplemente me reservo el derecho a no entrar y punto.

Lo que la pandemia ha desnudado es el mal comportamiento de la población y no la voracidad de los empresarios. Ha puesto de relieve la ineptitud del sistema de salud y hasta el nivel cinco estrellas de corrupción de algunos funcionarios del Estado. No, no es cerrando los negocios como vamos a detener la circulación del virus de marras, ni impidiendo a los ciudadanos que salgan a la calle. Tenemos el derecho a producir, vender y consumir, pero también el deber de cuidarnos y cuidar de los otros. En eso se basa una sociedad libre.

Antes del 28 de junio del 2009, en Honduras, a nadie le interesaba mucho la política, ni nadie reparaba en el comportamiento de los gobernantes cuando metían la pata en sus decisiones. La crítica social no ha sido nuestro fuerte, como ocurre en Sudamérica o en México donde la gente posee un mejor nivel educativo, y reta a los gobiernos y a los servidores públicos a enderezar los entuertos cometidos.

Hasta antes de esa fecha, los procesos electorales y los actos de los gobernantes rara vez pasaron por el tamiz del examen público. La puesta en marcha de la maquinaria electoral -cuando el poder no estaba ejercido por los militares-, discurría normalmente, sin pena y sin gloria.

Desde los años 50 del siglo pasado, los actos de corrupción política se mantenían encubiertos. De hecho, los corruptos en el Estado vivieron sus días más felices, y, aunque muchos fueron testigos de los desmanes, o sabían de oídas sobre las irregularidades institucionales, preferían callar y santificarse para no perder la amistad de los delincuentes con los que compartían nexos de todo género: desde el café de la mañana, hasta el banquillo en el Congreso. Pareciera que el pensamiento que prevalecía en aquel entonces era, “Nadie sabe las vueltas de la vida”. O quizás este otro más utilitario: “Hoy por ti, mañana por mí”.

Si bien las comunicaciones globales, que hacen posible que las noticias puedan ser compartidas por millones en cuestión de minutos, han jugado un papel esencial en las manifestaciones públicas en varios lugares alrededor del mundo, en Honduras, no han surtido el efecto deseado. Las demandas ciudadanas contra la corrupción se fueron apagando de a poco, y muchos creyeron que, si congestionaban de “fake news” las redes sociales podrían movilizar a las masas para poner en jaque al poder. Pero nada de eso pasó. Desde las teclas del móvil, la crítica se ha vuelto una práctica inconsistente de bajísimo efecto conspirativo, y sus autores, desde los escondrijos del anonimato, no han podido plantear un argumento serio que pueda ser tomado en cuenta como propuesta política.

Como debate formal y serio, la crítica opositora no cumple los requisitos debido a dos razones bien evidentes: la primera es que, cuando los críticos esperan alguna retribución del poder, no es posible tocar los asuntos éticos con profundidad arqueológica. Al contrario: el analista recurre al zigzagueo discursivo en cualquier foro donde tenga la oportunidad de manifestar un juicio crítico. El zigzagueo no es más que una tibia posición que toca un tema de una manera superficial, pero, en el fondo, sus autores se desmarcan de la esencia del problema para no “quemarse” políticamente hablando. La segunda sucede cuando el fanatismo obnubila el sentido de la crítica constructiva -lo cual es típico de algunos medios de comunicación alternativa-, que caen en el error de mezclar la emotividad con la ideología. El resultado es la consigna que sustituye a la reflexión, que es el punto de partida de donde surgen los malos liderazgos que desorientan a la opinión pública.

En esencia, nos hace falta mucho trecho por recorrer para forjar una verdadera cultura del debate público y una denuncia permanente sobre los actos de corrupción en el Estado, factores esenciales para construir una auténtica democracia. Pero, la crítica debe hacerse con responsabilidad y con conocimiento de causa, de lo contrario, se puede caer en el fanatismo díscolo e infamante, propio de los anarquistas de las redes sociales. El debate crítico que roza la verdad crea los espacios públicos que las redes sociales jamás podrán instaurar, y su permanencia debe institucionalizarse en todos los medios posibles, sobre todo en este momento, cuando la democracia está sufriendo la peor de las conspiraciones de su historia bajo los signos aciagos del autoritarismo.

El desarrollo económico y social de un país no llega a través de promesas de campaña ni por medio de recetas precocidas por los tecnócratas de los organismos mundiales de crédito. En un país tan pobre y atrasado como Honduras, necesitamos una nueva estirpe de cerebros privilegiados cuyas intenciones primarias sean poner en ejecución, no esas fórmulas prefabricadas en el seno del Fondo Monetario Internacional, sino los planes que, por sectores y rubros, condensen en un solo objetivo, las metas para alcanzar el crecimiento económico, es decir, para generar la riqueza, antes de distribuirla equitativamente en los presupuestos de las instituciones estatales. Si esto sirve de referencia, necesitamos salir, de una buena vez, de los últimos lugares de la tabla del “Doing Business” que emite anualmente el Banco Mundial.

Después de casi doscientos años de vida republicana, el 48 por ciento de nuestra población vive en la pobreza y el 23 por ciento en pobreza extrema; entonces, algo fundamentalmente malo está pasando en el país. Como en toda auditoría histórica que exige datos para esclarecer el punto de partida, debemos admitir que el Estado y las instituciones que gravitan alrededor de su órbita han dejado de hacer la tarea de impulsar los cambios necesarios, porque seguimos echando mano de las mismas estrategias obsoletas del pasado. La esencia del atraso social consiste en ofrecer soluciones erradas cuando las necesidades sociales son otras, y eso es lo que está pasado en Honduras.

Buena parte de la culpa la tiene un sector de la empresa privada que se ha acomodado a las conveniencias políticas para seguir gozando del proteccionismo estatal. Esa mala costumbre de los mercados cautivos y de ejercer el poder económico por sobre el político, ha contribuido a detener, en cierto sentido, el crecimiento económico. Cuando los gobiernos se interesan más en los intereses de grupúsculos influyentes, la democracia se convierte en una caricatura y en un remedo de participación social, muy a pesar de la riqueza natural y del capital humano, muy a pesar de las virtudes emprendedoras de la gente que busca cómo salir adelante en medio de una maltrecha economía cuyo infortunio no parece tener fin.

Ya no podemos seguir esperanzados a la “buena fe” de los políticos, aunque la política sea la opción primera para impulsar los cambios sociales y económicos; pero, de nada sirven las reformas electorales, si las élites de nuestro país y el Estado -a través de sus instituciones, campeonas de la deficiencia administrativa-, no muestran el mínimo interés en desarrollar una estrategia de crecimiento económico a largo plazo. El Estado no puede seguir atribuyéndose el desarrollo social, sin el respaldo económico que proporciona el mercado; y, si el mercado no genera la riqueza, no vamos a lograr sobrevivir como sociedad, en los próximos años.

Se necesita remozar con urgencia las instituciones cuyos servicios representan un martirio para los usuarios; desarticular las que sean ineficientes, y marcar con el sello de la despolitización a los cuerpos de seguridad ciudadana, fiscalías y tribunales de justicia, cuestionados todos por tratarse de meras figurillas conectadas a los designios orwellianos del poder estatal. La economía no puede florecer con instituciones marcadas con el sello de la corrupción.

Necesitamos un gobierno que exija una ardua competencia a la empresa privada y que, a su vez, ofrezca un ambiente de seguridad jurídica para atraer la inversión, interna y extranjera que contribuya a alcanzar un crecimiento económico anual mayor que la tasa de crecimiento poblacional. Desde luego que ese gobierno encontrará valladares de toda especie, una férrea oposición política y un probable rechazo de la población en los primeros días de la ejecución de sus programas. Pero, ningún país ha alcanzado el éxito sin sacrificios y, para sacrificios, nuestra población ya se encuentra bastante inmune. Una más ¿Qué más da?

Me he tomado el tiempo para hacer un “collage” de reportajes periodísticos y de reportes de amigos y familiares, con el propósito de evaluar la situación en las comunidades afectadas por el paso de los huracanes Eta y Iota, principalmente en el Valle de Sula. La conclusión es tácita: pasada la emergencia solo queda la desolación y el desaliento, lo que prueba que la gente se las arregla como puede porque no le queda otra opción que encargarse de sus propios problemas, valiéndose de los escasos medios a su disposición.

A pesar de la cultura del “atenimiento” del catracho promedio, es decir, a esperar por que otros nos traigan la ayuda de gratis, los pobladores han comenzado a ingeniárselas para expulsar el agua, el lodo y las pertenencias que ahora pasaron a la categoría de desechos sólidos no reciclables. La gente se dio cuenta que, con el paso de los días, la bondad y el voluntariado se disipan de a poco. Claro que miles acudieron al llamado de auxilio proveyendo -con voluntad cristiana unos y, con propósitos de propaganda otros-, de alimentos, ropa y medicinas a los damnificados. Muchos albergaron en sus casas a seres queridos y amigos, en un gesto de humanidad pocas veces vista. Tampoco se puede negar la presencia inmediata de los medios de comunicación que llevaron a los sitios de los desastres, no solamente la cobertura del evento, sino también la colaboración material como un servicio agregado al ejercicio periodístico, lo cual se ha vuelto una costumbre desde que la población se percató de la ineficacia y la demagogia de las instituciones estatales. En fin, los hondureños demostraron con lance, la fraternidad desinteresada hacia los compatriotas que quedaron, literalmente en la calle, relegados a su suerte.

Lo que podemos apreciar en el Valle de Sula, es que comunidades enteras siguen sin asistencia de ningún tipo, por varias razones: una de ellas es que los servicios públicos no sirven o no funcionan, incluyendo el tren de aseo necesario para sacar las toneladas de ese lodo fecundo en gérmenes de toda suerte. Además, el proceso de limpieza rebasa la contabilidad de los costos: implica expulsar el agua lodosa con bombas especiales que resultan demasiado caras, de modo que los pobres solo pueden esperar a que el sol haga su parte sublimadora. Retirar la basura exige un esfuerzo de cooperación que conlleva tiempo y paciencia, porque se trata de materiales sólidos que han formado una sola organicidad con el sedimento endurecido; o pagar hasta mil lempiras diarios a un par de mozalbetes para retirar los despojos de viviendas y calles destruidas. En suma: el panorama es bastante desolador en este momento, y solo el tiempo que pasa con la eternidad de Ixión castigado en la rueda ardiente, podrá sanar la decepción de los afectados, con un poco de paciencia y con mucha cooperación familiar.

La comida gratuita y los militares en labores de limpieza -como se exhibe en la propaganda oficialista del gobierno-, apenas alcanza para un par de comunidades afectadas. Mantener hombres y máquinas, exige una logística de primer orden y mucha plata invertida. Solo los incautos suponen que la ayuda estatal es infinita y que fluye a raudales, pero, la realidad es otra, desde luego. Para muestra, el botón en La Mosquitia o los campos bananeros de La Lima, donde -en este momento-, se necesitan brazos y maquinaria en cantidades industriales.

Esa trillada expresión de que “Solo el pueblo salva al pueblo”, es una verdad innegable, y quien se la haya inventado ha enviado un mensaje de pesimismo y de fatalidad fundamentado en la cruda experiencia de nuestra historia. Las mismas víctimas de las catástrofes bien saben que están solas, pero que, tarde o temprano saldrán adelante sin esperar por milagros ni ayudas de gratis.

Ninguna ayuda externa resulta suficiente para salvar a una sociedad del atraso y la dependencia económica, como creen los inocentes. Se necesita algo más que regalías y solidaridad para encontrar la senda del desarrollo humano y dejar atrás los tiempos de miseria. De hecho, la ayuda, tal como la concebimos en términos de inyecciones financieras en forma de donaciones, dispensas a pagos de la deuda, préstamos a largo plazo y otras mercedes, no sirven de nada si el país no cuenta con una estrategia de largo plazo para crear la riqueza necesaria, ni con un proyecto para fortalecer el mercado y la promoción del intercambio comercial con otras regiones. En suma, se requiere revolucionar la economía, pero antes, resulta imperativo diseñar nuevas instituciones que brinden un soporte legal al mercado, y eliminar las que únicamente sirven para emplear a los activistas del partido en el poder. Y cuando hablamos de nuevas instituciones nos referimos tanto al sector público como al privado.

Desde luego que estamos sufriendo los embates de una pandemia y de dos huracanes mortales, y la ayuda material de los países amigos y de los organismos multilaterales, resulta indispensable mientras pasa la tragedia. Pero, el lamentable estado en el que se encuentra la infraestructura productiva exige algo más que camiones cargados de alimentos y medicamentos, o inyecciones financieras provenientes del exterior. No es con plata prestada como saldremos adelante, sino, con el esfuerzo puesto en crear nuestras propias condiciones económicas para insertarnos al mercado mundial.

La ayuda externa promocionada por los organismos internacionales no ha tenido los efectos esperados en países pobres como Honduras. De hecho, la Comisión Meltzer del Congreso de los Estados Unidos, encontró que el Banco Mundial había fracasado en el 60 por ciento de los proyectos de ayuda para el desarrollo, y, en este momento, el G-20 está analizando ser más inflexibles con la llamada Iniciativa de Suspensión de la Deuda, por la razón de que nuestros países en lugar de enfocarse en el desarrollo, presentan serios problemas para pagar la deuda externa debido a la caída de los ingresos y al aumento excesivo del gasto público.

Después de casi setenta años de haber entrado a formar parte de los modelos de desarrollo, como el de la CEPAL o del neoliberalismo, no podemos negar que, a pesar de las buenas intenciones de los organismos y países amigos, resulta una imposibilidad salir del atolladero económico a punta de préstamos; al contrario: debemos aceptar que hemos fracasado con solo ver los números de la pobreza, siendo testigos en la calle de lo que esas estadísticas nos dicen con cierta exactitud.

Lo cierto es que el “Big Push” de la ayuda externa, como le llaman, solo ha servido para abultar más la burocracia, estimulando la supeditación de los gobiernos hacia los préstamos, y beneficiando a los cientos de intermediarios que se mueven alrededor de la plata recibida. El otro lado de la moneda nos dice que sin riqueza no podemos transitar por ninguna ruta que conduzca hacia el desarrollo y hacia la democracia. Nuestra única opción es seguir la vía más difícil que existe: la frugalidad en el gasto, la eliminación de los subsidios y la reducción de la burocracia. Ante todo, debemos acelerar el crecimiento por la vía de las reformas al mercado, eliminando los monopolios protegidos por el Estado, y estimulando el emprendimiento para que los individuos puedan hacer negocios sin trabas de ninguna especie. Mientras la aplicación de las reglas del sistema no esté muy clara, es imposible incentivar la competencia, atraer la inversión y aumentar el crecimiento económico.

No existe otra opción, a menos de que alguien nos muestre cuán equivocado estamos; entonces, no nos quedará otra alternativa que aceptar la verdad sin remilgos ni prejuicios.