Por Héctor A. Martínez
Con la declaratoria del Consejo Nacional Electoral de Honduras, que oficializa al ganador de los comicios del 2025, las agitadas aguas han vuelto a su cauce natural. El triunfo de Nasry Asfura ha generado ciertas expectativas entre la población, cifradas no solo en suprimir todo rastro oficialista, sino también en el tipo de reformas que podría implementar la nueva administración.
No obstante, conviene no caer en falsas ilusiones. Muchos creen que el próximo será un gobierno de concertación, dada la escasa diferencia de los votos entre colorados y azules. En teoría, eso sería lo más lógico, pero en la práctica las cosas serán de otra manera.
En primer lugar, ningún gobierno –incluyendo al PLR y sus amenazas refundacionales– se atrevería a cambiar de raíz el sistema político y económico actual, dado el peso de una poderosa élite económica que no está dispuesta a poner en riesgo los negocios y su estabilidad patrimonial.
En segundo término, lo más lejos que llegará el nuevo gobernante es hacer algunos retoques reformistas: desmontar aquellas instituciones creadas por el PLR, hoy convertidas en refugios de activistas.
También se preservarán las dependencias que representan un surtidor de recursos financieros. Sobrevivirán las instituciones y personajes clave para mantener la imagen del gobierno, aunque con rostros renovados. Más allá de las ideologías y los discursos, el poder real seguirá –como ocurre en todos los países– en manos de las mismas élites que mueven los hilos del Estado.
La alianza entre este y los grupos más influyentes es el requisito indispensable para sostener el sistema. ¿A qué grupos nos referimos? Murray Rothbard –faro ideológico de Javier Milei–, advertía que existen dos tipos de élites en una sociedad: el “aparato con dedicación a tiempo completo”, constituido por burócratas y políticos, y los gremios privilegiados que reciben subsidios, exoneraciones y regalías.
La sociedad civil, pese a lo que sostiene la propaganda, queda fuera de esa clasificación de beneficiarios. ¿Quién estaría dispuesto a perder privilegios y qué partido querría desmantelar una productiva estructura de donantes y beneficiarios del erario público? Revolucionar nuestro sistema político implicaría acabar con el proteccionismo estatal, transparentar los procesos de compras, sancionar a los corruptos, desbaratar las redes clientelares, despolitizar la Fiscalía y la Corte Suprema y descentralizar la administración pública.
Nada de eso funcionaría si no se combate al crimen organizado para garantizar la seguridad y ganar –imitando a Bukele– un poco de legitimidad. Aparte de eso, ¿quién ha ganado y perdido estas elecciones? La respuesta es evidente. No es el pueblo, sino el poder real.
Perdieron los que no saben nada de negocios, por falta de inteligencia y “know how” empresarial, y que amenazaban con aniquilar el sistema, por necedad ideológica. El electorado solo fue a cumplir con el trámite, para ver si de algo sirve esta vez.
