Por Rodolfo Dumas Castillo
El debate sobre el empleo juvenil ha tomado fuerza. Países de la Unión Europea enfrentan serios desafíos con jóvenes fuera del sistema laboral, educativo o de formación (“Ninis”). Como referencia de solución, la OCDE y diversos estudios señalan el modelo holandés, caracterizado por el principio de “no dead ends” (“sin vías muertas”), en el que toda etapa educativa o de capacitación debe conducir a un resultado positivo (empleo, titulación superior o continuación de estudios).
Honduras no necesita mirar tan lejos para encontrar la urgencia del problema. Según el Séptimo Informe Estado de la Región, somos el país centroamericano más afectado por el fenómeno “nini” ya que el 34% de la población joven se encuentra fuera del sistema educativo y laboral, una cifra que subió desde el 28% registrado en 2018.
Aunque enfrentamos desafíos propios de una economía en desarrollo, los mecanismos del modelo neerlandés pueden inspirar una política pública adaptada a nuestra realidad. Como en Europa, padecemos alta informalidad, deserción en secundaria y desconexión entre la oferta técnica y el mercado; los jóvenes egresan sin habilidades ni rutas de inserción mientras grandes sectores productivos no encuentran personal calificado. Esta dualidad genera un círculo vicioso de baja productividad y exclusión que exige una intervención estatal coordinada.
El modelo de los Países Bajos ofrece tres elementos centrales que pueden trasladarse, con los debidos ajustes, a nuestro contexto: 1) Vías activas: evitar que las políticas públicas dejen al joven en el abandono o vacío formativo. 2) Formación dual: alianza escuela-empresa con contratos de aprendizaje que garantizan ingresos y derechos laborales. 3) Prácticas articuladas: un sistema continuo de incentivos y obligaciones para corresponsabilizar al sector privado.
Se puede operativizar esta visión adoptando un principio jurídico general: “Todo proceso educativo o de formación profesional deberá estar estructurado de modo que no deje al joven sin una ruta clara hacia el empleo, la titulación o la continuación de estudios.” Este enunciado podría incorporarse mediante una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia o una ley especial de empleo juvenil, estableciendo un deber estatal de evaluar y reorientar los programas de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y los gobiernos municipales.
La primera línea de acción es estructurar un régimen de formación dual en carreras técnicas estratégicas, donde los estudiantes alternen aulas y empresas mediante contratos de aprendizaje con salario proporcional y derechos básicos. Para incentivar a las grandes empresas, el Estado otorgaría deducciones fiscales por cada aprendiz contratado.
El gran empleador de la juventud hondureña se concentra, sin embargo, en el sector informal y en las MIPYMES, que rara vez se benefician de las deducciones del impuesto sobre la renta por no tributar sobre bases significativas. La estrategia, por tanto, requiere un motor financiero distinto al de los incentivos fiscales.
En lugar de crear nueva burocracia, conviene modernizar el INFOP. Usando la contribución patronal existente y cooperación internacional, se puede financiar un fondo para subsidiar temporalmente las prácticas en MIPYMES y capacitar tutores. No se trata de crear una contribución nueva, sino de redirigir y etiquetar una porción de la contribución patronal ya existente hacia este fin específico, evitando así que la propuesta se perciba como una carga tributaria adicional.
Para las empresas con más de 100 empleados, bastaría fijar una cuota mínima de inclusión que convierta las pasantías en contratos reales. Se requiere, además, un esquema de cumplimiento claro, con metas graduales por sector, reportes anuales verificables ante la STSS y consecuencias administrativas (no necesariamente punitivas) para quienes incumplan de forma reiterada, de modo que la cuota no quede como una meta meramente indicativa.
La viabilidad de esta estrategia dependerá de la capacidad del Estado para medir, evaluar y corregir el rumbo con base en datos. La STSS y el INE deberían publicar trimestralmente indicadores de la población “nini” por municipio y sexo, y las tasas de inserción laboral de los egresados técnicos, para fijar metas nacionales vinculadas a los planes de desarrollo local y evitar que la política se quede en buenas intenciones.
Esta propuesta no busca copiar recetas, sino traducir principios a nuestra arquitectura jurídica para transitar del asistencialismo temporal a la inserción productiva sostenible, dotando de contenido real al derecho al trabajo y la educación. Para evitar que otra generación quede atrapada en la precariedad, la tarea urgente es plasmar estas soluciones en leyes que garanticen que ningún joven hondureño termine su formación frente a un camino sin salida.
