Por Héctor A. Martínez
Privatización es una palabra tabú que los políticos de izquierdas y de derechas nos han enseñado a odiar. Su connotación divide a millones en todo el mundo, principalmente en América Latina, donde la propaganda oficial y no oficial ha esparcido la idea de que privatizar un bien del Estado es despojar al pueblo de su soberanía. La otra imprecación que marca el mal en la política económica es el término “neoliberal”, casi siempre ligada a la privatización.
Como las masas repiten sin pensar lo que escuchan reiteradamente en los medios de comunicación, el concepto de privatización, lejos de explicarse con rigor técnico, se le atribuye una connotación peyorativa derivada del discurso ideológico de gobiernos de izquierdas, bastante encariñados con las consignas callejeras.
En su sencillez, la gente imagina que cuando el Estado traspasa bienes o servicios al sector privado, los sectores más vulnerables quedan privados de recursos que consideran parte de su patrimonio. O que los precios se elevarán debido al afán de lucro de los empresarios. Eso depende del contexto. En un ambiente de sana competencia, los precios reflejan el valor real según la disponibilidad de las cosas. Pero, en un ambiente de monopolio total, el rey controla el mercado y los precios. Cuando un bien es escaso, es lógico que se pague un precio alto por obtenerlo y los ofertantes obtendrán mayores utilidades. En sentido opuesto, cuando un bien es abundante, los precios tienden a la baja.
La consigna de “¡No a la privatización!” la vengo escuchando desde finales de los años 80 en boca de líderes sindicalistas y académicos de renombre entusiasmados con las ideas marxistas, la soberanía y el nacionalismo. Hoy, esa palabra ha vuelto a refulgir en el ambiente nacional, puesto que los políticos también se han dejado seducir por este argumento simplificado, especialmente cuando pretenden ocultar la realidad y no pagar un alto costo electoral. Por ejemplo, al anunciar las reformas energéticas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debido a las pérdidas técnicas y comerciales, el gobierno actual y el gremio empresarial han negado que la reestructuración se trate de una verdadera privatización ante las críticas de los sectores en oposición que aprovechan la coyuntura para sumar votos.
El problema es que en Honduras las cosas no se explican con claridad porque, como siempre, no existen liderazgos que hagan el trabajo pedagógico de informar al público. El ABC de la privatización nos dice que el Estado está en su derecho de concesionar, establecer alianzas público-privadas o subcontratar una parte o la totalidad de un activo, bien porque la gestión resulta muy onerosa o en el balance hay más pérdidas que ganancias, que es el caso de la ENEE, cuyo déficit operativo acumulado ya supera los 120 mil millones de lempiras.
El problema con la estatal eléctrica no es si se privatizará o no, sino aclarar preguntas fundamentales: ¿la reestructuración eliminará la intervención del Estado en las altas decisiones gerenciales? ¿habrá competencia auténtica o solo contratos para los amigos? ¿la regulación garantizará la libre competencia?
Porque, si el Estado continúa controlando la conducción de la empresa, sin corregir las distorsiones estructurales, entonces tendremos más de lo mismo: ineficiencia y pérdidas que deberá asumir ese pueblo que odia la privatización, pero también la mala calidad del servicio.
