Por Héctor A. Martínez
En América Latina, el autoritarismo va desplazando peligrosamente a la democracia, reduciéndola a un simple ejercicio legitimador disfrazado de voluntad popular. Parafraseando a Marx, es como si una bestia insaciable recorriera el continente tratando de devorar a sus dos presas favoritas: las libertades individuales y el Estado de derecho.
Solamente en la última semana, los medios internacionales publicaron la decisión del gobierno de Daniel Ortega de limitar el uso del internet a través de la llamada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, estableciendo un mecanismo coercitivo sobre los críticos del gobierno.
Según algunos medios internacionales, como El País, los proveedores de servicios de internet deberán estar alineados con la Policía y los servicios de inteligencia para poner en marcha un férreo control de todo aquello que se escriba y diga sobre la dictadura.
Por si esto fuera poco, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció el traslado de su personería jurídica al extranjero, debido al hostigamiento contra varios de sus miembros y la negativa del gobierno a renovar sus credenciales de operación.
En resumen, el ejercicio periodístico en aquel país, al igual que sucede en México entre la prensa crítica y el narcotráfico, se ha vuelto una verdadera amenaza a la noble profesión de generar opinión pública.
Cuando Nicolás Maduro expresó en los días previos a las elecciones del 2024 “Vamos a ganar las elecciones por las buenas o por las malas”, terminaba por enterrar la suerte de la democracia. Estábamos asistiendo a la esencia del autoritarismo, que es el irrespeto a la voluntad de los ciudadanos, pese a la existencia de un proceso, en apariencia, democrático.
Maduro cayó en la tentación de declarar abiertamente al mundo el principio capital de todo sistema autoritario, a falta de legitimidad popular: permanecer en el poder, costara lo que costara; con los votos o sin ellos.
Esa legitimidad, por tanto, deja de tener sentido para la población cuando el poder reescribe la constitución a su antojo, convierte los contrapesos y la representación popular en un medio legitimador del régimen.
En realidad, la democracia, y todo lo que huela a ella, es un verdadero estorbo para controlar las instituciones y las organizaciones populares. Lo más triste de toda esta tragedia política es que se establece sobre la promesa de una nueva sociedad, un mundo renovado que retorna a la infancia pura e inocente.
Sobre esa promesa, muchos fanáticos terminan confundiendo la libertad con la autocracia y la justicia con las restricciones individuales. Ese es el panorama no muy alentador de nuestra América Latina.
Nos encontramos, pues, a estas alturas de la historia, en medio de un torbellino amenazante. Lo que en nuestros tiempos de juventud fue un teatro de las utopías, se ha convertido en un laboratorio del autoritarismo disfrazado de igualdad y justicia social que no pocos aplauden.
“Por las buenas o por las malas” ha llegado a ser el lema favorito de caudillos de pensamiento colonial y de grupillos metidos a negocios de dudosa licitud. Aquel viejo sueño de las esperanzas colectivas ha mutado hacia una filosofía autoritaria donde se gana, no por convicción popular, sino por imposición de decretos y coerción.
