Por Héctor A. Martínez
El cuento del fraude electoral ha vitaminado el capricho del PLR de quedarse en el poder por la fuerza. Su dirigencia olvida que la regla de oro de la democracia dicta que quien pierde una elección entrega el poder.
Los principios democráticos no pueden ser más claros. Cuando un gobierno se niega a traspasar el mando, rompe las reglas a las que juró someterse; desobedece al soberano que se pronunció en las urnas y cambia antojadizamente el sentido de la expresión popular.
Frente a una amenaza de tal naturaleza, a las fuerzas democráticas y a la comunidad internacional solo les queda ponerse en guardia ante la posibilidad de un atentado contra el Estado de derecho. Debemos recordarles a los líderes del Gobierno que los procesos de elección de autoridades están sujetos a las prescripciones constitucionales, no al antojo del gobernante autoritario.
De romperse el orden, comenzaría un periodo de inestabilidad social, de deterioro institucional y un retiro de la confianza de los ciudadanos hacia el alicaído sistema político hondureño. En otras palabras, estaríamos pasando de un sistema democrático a un régimen, a todas luces, de corte autoritario.
Posteriormente vendrían las inevitables confrontaciones, el aislamiento y las agotadoras sanciones económicas, como ha sucedido en Venezuela y Nicaragua. En estos dos países, el desconocimiento de las instituciones electorales y la concentración del poder acarrean problemas de restricciones comerciales y financieras, colapso económico y severas crisis migratorias.
En el caso de Nicaragua, los espacios del debate democrático y las críticas hacia el régimen autoritario de los Ortega-Murillo han desaparecido por completo. Frente a ese panorama, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos y las organizaciones populares? Protestar y demandar más libertades.
¿Cuál es, entonces, la respuesta del régimen? Reprimir, encarcelar, exiliar. No se necesita ser adivino para ver con claridad el futuro que nos esperaría a los hondureños en un escenario de tal naturaleza. Degradado a un tercer lugar en las preferencias del electorado, con apenas un 19%, al PLR solo le queda acatar las disposiciones que emanan de los principios democráticos y reconocer la voluntad popular, si no quiere ver comprometido su futuro político.
Desconocer las reglas es, desde donde lo veamos, ilegal, ilegítimo e irrespetuoso. O, como diría el connotado politólogo Juan Linz, autor de “La quiebra de las democracias”, el régimen entraría en una ilegitimidad estructural, incluso sin un golpe de Estado.
No tratamos de respaldar a ningún partido en particular, sino de resguardar el derecho básico de la convivencia ciudadana de elegir a quien le plazca, a cambiar de régimen cuando este no funciona y enmendar los errores cometidos en las elecciones del 2021 y 2025.
El cuento del fraude y la negación a la transición son argucias típicas heredadas del viejo autoritarismo latinoamericano; antañonas prácticas politiqueras que ya deberían ir quedando en el pasado.
