Por Rodolfo Dumas Castillo
Las intensas lluvias de los últimos días han expuesto el rezago histórico de nuestra ciudad en infraestructura pluvial. Conductores varados, tramos cerrados y colapso vial en varios sectores no son anomalías climáticas; son los síntomas de un sistema de alcantarillado saturado, deteriorado e insuficiente para una urbe que hoy concentra el 30% de la construcción privada nacional.
La paradoja es que, mientras enfrentamos inundaciones recurrentes por la obsolescencia de los drenajes, se anuncian inversiones privadas de L.25,000 millones en 35 macroproyectos inmobiliarios y comerciales. Semejante inyección de capital dinamizará la economía local, pero el desarrollo vertical está topándose con la barrera de la seguridad hídrica. La ciudad no solo carece de capacidad pluvial para evacuar las aguas de estas nuevas torres, sino que su red de suministro de agua potable opera bajo presiones y alcances que no fueron diseñados para una densificación habitacional y corporativa de esta magnitud. Construir hacia arriba sin ampliar simultáneamente la infraestructura de servicios básicos es una apuesta por la insostenibilidad urbana.
El presupuesto municipal para 2026 asigna aproximadamente L.990 millones a obras de infraestructura, pero el renglón de saneamiento y mantenimiento de la red es exiguo (apenas alrededor del 5% del presupuesto de infraestructura). Esta inversión es insuficiente para absorber el impacto de un desarrollo privado que multiplicará exponencialmente el volumen de aguas residuales.
La magnitud del problema exige dejar a un lado el cortoplacismo. El sector sureste de la ciudad, por ejemplo, se convierte en un río con cada tormenta debido a la falta de un sistema de drenaje eficiente. Este deterioro acumulado por décadas no se resolverá con el flujo de caja local. La infraestructura pluvial que requiere una metrópoli de más de un millón de habitantes, con un crecimiento vertical acelerado, ya no es de escala municipal; es de envergadura nacional.
San Pedro Sula es el motor económico de Honduras. Al ser la capital industrial y el principal imán de inversión, su vulnerabilidad no es un problema doméstico, sino un riesgo estratégico para todo el país. Por ello, las obras requeridas, que incluyen colectores principales de gran capacidad, una planta de tratamiento (que debió construirse desde hace muchos años) y canales ampliados, superan la capacidad fiscal del municipio.
Financiar esta transformación es imposible sin el respaldo directo del Gobierno Central. Cargar con más tasas a los contribuyentes locales tampoco es una opción viable. No se trata de evadir responsabilidades institucionales, sino de entender la naturaleza del problema y el Estado debe asumir que la infraestructura pluvial de San Pedro Sula es una inversión pública estratégica, no un gasto local.
Cada nueva torre de millones de dólares que se aprueba sin garantizar un drenaje ampliado es, en la práctica, una bomba de agua programada para inundar las calles del futuro. Por supuesto, la regulación municipal debe evolucionar, pero no para asfixiar al inversionista con cargas financieras que le corresponden al sector público.
Las normativas urbanas deben centrarse en exigir soluciones técnicas de mitigación dentro de los proyectos y en garantizar una tramitología ágil y con certeza jurídica. De lo contrario, sumarle costos de infraestructura macro a un entorno que ya es costoso para invertir solo ahuyentará el capital. La normativa local es un paño de lágrimas si el Gobierno Central no asume su rol financiero.
Este colapso pluvial trasciende las fronteras municipales y golpea directamente la competitividad logística del Valle de Sula. San Pedro Sula es el nodo donde convergen las mercancías que mueven el comercio exterior hacia Puerto Cortés; cuando la ciudad se paraliza bajo el agua, se frena la cadena de suministros de la industria manufacturera, las maquilas y la producción agrícola nacional. No evaluar el problema desde esta perspectiva es ignorar el costo económico de las horas-hombre perdidas y los retrasos en el transporte de carga. Proteger la viabilidad de la ciudad es, en última instancia, blindar la estabilidad económica del país.
Corremos el riesgo de consolidar una ciudad económicamente vigorosa pero operativamente incapacitada, donde las inundaciones recurrentes frenen la productividad, devalúen el patrimonio privado y degraden la calidad de vida. Una ciudad con infraestructura adecuada siempre será más atractiva para la inversión que una que crece en el desorden. Por eso urge un plan maestro pluvial a 5 y 10 años, financiado con recursos centrales de escala macro. Sin esto, cada invierno será un caos predecible, cada rascacielos un problema añadido, y el motor económico de la nación terminará varado en el agua estancada.
