El Congreso Nacional de Honduras dio un paso clave en el proceso de transformación del sistema energético al iniciar la discusión en primer debate del dictamen de reformas al subsector eléctrico, una propuesta integrada por 18 artículos que busca modernizar, reorganizar y fortalecer la institucionalidad del sector.
La iniciativa, que aún deberá superar dos debates más antes de convertirse en ley, fue presentada ante el pleno legislativo luego de un amplio proceso de consultas con diversos actores relacionados con la generación, distribución y regulación de la energía eléctrica en el país.
Durante la lectura del dictamen, la Comisión de Energía destacó que el documento final incorpora observaciones y recomendaciones formuladas por representantes de instituciones estatales, sectores productivos, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de construir una normativa consensuada que atienda los principales desafíos del sistema eléctrico hondureño.
El presidente de la Comisión de Energía, el diputado nacionalista por Yoro, Milton Puerto, explicó que la propuesta fue enriquecida mediante una serie de reuniones con autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), representantes de los trabajadores, generadores privados, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad.
Según Puerto, el propósito de las reformas es sentar las bases para un sistema más eficiente, capaz de garantizar un servicio continuo y de mejor calidad para los ciudadanos, al tiempo que contribuya a reducir los costos de la energía para los consumidores.
“Tenemos la responsabilidad de impulsar cambios que permitan llevar energía de calidad, las 24 horas del día, a todos los hondureños, así como avanzar hacia tarifas más accesibles para la población”, expresó el congresista durante la discusión legislativa.
El debate sobre las reformas ocurre en un contexto en el que Honduras enfrenta retos históricos relacionados con pérdidas técnicas y financieras, interrupciones en el suministro y la necesidad de ampliar la cobertura energética en distintas regiones del país.
De ser aprobada en los próximos debates, la normativa representaría una de las modificaciones más importantes al marco regulatorio del subsector eléctrico en los últimos años, con la expectativa de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar un servicio confiable a la población y al sector productivo nacional.