Por Héctor A. Martínez
Tras seis meses de gobierno, el presidente Nasry Asfura afirma que entregará un país diferente en el 2030 y que serán los resultados los que hablen al final de su gestión. Siguiendo el viejo libreto de la política nacional, sus funcionarios se sumaron al orfeón para entonar el estribillo de que todo marcha de maravilla en sus respectivas secretarías. La verdad es que todos los gobernantes hacen lo mismo. En su primera gestión, Juan Orlando Hernández aseguró que Honduras “estaba cambiando”, mientras Xiomara Castro reiteró que en su mandato se iba a construir un modelo económico alternativo, profundamente soberano.
Y si cada gobernante asegura trabajar con denuedo por el desarrollo y la justicia social, ¿cómo es que los problemas del país permanecen y nadie puede resolverlos? ¿por qué la pobreza y la violencia siguen castigando a los hondureños? Y si nos enfocamos en el lado de la justicia, ¿Por qué un funcionario de alcurnia que ha cometido delitos contra el Estado jamás es sentenciado a prisión?
A diferencia de países con mayor madurez democrática, donde la ciudadanía ejerce una activa fiscalización y rendición de cuentas, en Honduras la mentira se ha normalizado a tal grado que todos convenimos en aceptarla como cosa natural. Es lo peor que puede pasarle a una sociedad tan decadente como la nuestra.
Le resulta más fácil a un gobernante atribuir a la administración anterior los problemas heredados, que explicar las causas estructurales, como la baja productividad de las empresas, la deficiencia educativa, el desastre sanitario, la inseguridad y la sempiterna corrupción nacional. Se trata de una estrategia para ganar tiempo político, pedir comprensión ciudadana y conservar el apoyo electoral. En todo caso, quienes acudieron a las urnas en noviembre del 2025 ya comienzan a mostrar signos de desconfianza.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la demagogia y la ineficacia de los resultados. Los partidos han dejado de representar proyectos de nación y pasan a servir a poderosos intereses políticos y económicos. Para los beneficiarios de subsidios, exoneraciones, contratos, empleos y protección especial, la política es la vía expedita para el lucro personal y de grupos. Así ha funcionado el sistema en los últimos 44 años.
Es evidente que la clase política se ha desconectado de la población, refugiándose en una atalaya cuyos cimientos, creemos, no resistirán por mucho tiempo la presión social. No olvidemos que las sequías, las hambrunas, el desorden urbano y la violencia de todos los días, son manifestaciones de una misma crisis estructural que se ha tornado inmanejable.
El mayor error de los electores ha sido creer que la simple alternancia política traerá consigo cambios estructurales, pero esa percepción parece estar cambiando. Los ciudadanos han comenzado a entender que la solución no radica en los partidos tradicionales ni en los caudillos salvadores.
Frente al fracaso de los partidos tradicionales, creemos que se vuelve imperativo rescatar la esfera pública mediante un diálogo nacional que incluya a gremios, oenegés, líderes de reconocida trayectoria ética, iglesias y sectores comunitarios. El desafío ya no consiste en reciclar en el poder a quienes causaron esta crisis, sino en transformar la indignación colectiva en organizaciones permanentes, capaces de fiscalizar el poder.
