Por Rodolfo Dumas Castillo
Quien utiliza los servicios del Poder Judicial conoce su lentitud. La mora en algunos juzgados prolonga procesos una década o más, afectando decisiones y relaciones comerciales. A esto se suma la distribución desigual de recursos con menos de mil jueces para más de 10 millones de habitantes. El problema de fondo son las controversias que no llegan al juzgado porque las partes anticipan un proceso lento, costoso e incierto. Ahí radica la verdadera brecha de acceso a la justicia: la distancia entre el derecho reconocido y la posibilidad real de hacerlo valer.
Descongestionar los tribunales no puede ser la única meta. Es indispensable plantearnos si todos los conflictos deben pasar por la vía judicial y si existen mecanismos confiables para resolverlos antes, durante o al margen de un proceso ordinario.
El arbitraje es una alternativa importante. Permite seleccionar árbitros con experiencia técnica, adaptar el procedimiento a la complejidad del caso y obtener un laudo vinculante en plazos menores que los de un juicio. Pero una cláusula arbitral no basta. Si los costos son impredecibles, los trámites burocráticos y los laudos son difíciles de ejecutar, el arbitraje seguirá siendo una promesa teórica más que una solución práctica.
Tampoco toda controversia exige arbitraje. A menudo, la negociación estructurada, la mediación o la conciliación son más idóneas. Honduras necesita un sistema escalonado donde cada disputa encuentre la vía más eficiente según su cuantía, complejidad y urgencia, aprovechando la Ley de Conciliación y Arbitraje vigente.
La tecnología es el catalizador de esta arquitectura. La resolución de disputas en línea (ODR) permite gestionar digitalmente procesos de negociación, mediación e incluso arbitraje. Una plataforma integrada reúne reclamos, pruebas, documentos, audiencias virtuales y seguimiento de acuerdos.
Esto transformaría la realidad de las pequeñas y medianas empresas, así como de quienes no pueden asumir costos logísticos ni ausentarse de sus trabajos. Un comerciante en San Pedro Sula y su proveedor en Tegucigalpa podrían resolver un desacuerdo sin interrumpir operaciones. Ahora bien, habilitar videollamadas no equivale a implementar un sistema ODR; se requieren reglas procesales claras, ciberseguridad, protección de datos personales, trazabilidad y plenas garantías procesales.
La discusión adquiere una nueva dimensión con la inteligencia artificial. ¿Es éticamente aceptable que una IA resuelva un caso? El debate central no es si las máquinas reemplazarán a los jueces, sino cómo la tecnología puede aliviar tareas repetitivas y reservar el juicio humano para las causas que lo exigen.
La tecnología es el catalizador de esta arquitectura. La resolución de disputas en línea (ODR) permite gestionar digitalmente procesos de negociación, mediación y arbitraje. Un ejemplo referente en la región es Concilianet en México, que demuestra cómo las audiencias virtuales, la carga digital de pruebas y los acuerdos en línea logran resolver controversias de forma rápida, segura y sin costos de traslado. Este modelo transformaría la realidad de Mipymes y de quienes no pueden asumir costos logísticos o ausencias laborales. Habilitar videollamadas no equivale a un verdadero ODR; se requieren reglas procesales claras, ciberseguridad, protección de datos y plenas garantías del debido proceso.
Podríamos iniciar con aplicaciones de bajo riesgo y alto impacto, por ejemplo, clasificación automática de expedientes, detección de casos repetitivos o de documentación incompleta, control de plazos procesales, consulta inteligente de precedentes, borradores no decisorios y orientación ciudadana en reclamos básicos. En los centros de conciliación públicos y privados, la IA puede consolidar información y sugerir rutas de negociación bajo supervisión humana.
Los límites son innegociables. Ningún sistema automatizado debe emitir decisiones sobre derechos fundamentales sin una explicación transparente, mecanismos de impugnación, auditorías independientes y responsabilidad legal claramente asignada. Asimismo, la transformación digital debe diseñarse para no profundizar la brecha de exclusión de quienes carecen de conectividad o alfabetización digital en el territorio nacional.
La justicia moderna no plantea una disyuntiva entre humanos y algoritmos, sino la exigencia de construir un ecosistema plural que combine tribunales eficientes, arbitraje riguroso, mediación accesible, plataformas ODR seguras e inteligencia artificial con garantías éticas y procesales.
El reto de fondo supera la descongestión judicial; se trata de fortalecer el Estado de derecho para que ningún hondureño deba elegir entre tolerar una injusticia o asumir un proceso inaccesible. La Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional tienen las piezas para lograrlo. El arbitraje y la conciliación ya cuentan con marco legal; corresponde impulsar su uso. Falta una reglamentación clara para las plataformas ODR en materia de ciberseguridad, protección de datos y debido proceso, así como límites explícitos para el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia.
