LOS recientes terremotos en Venezuela y Colombia han encendido las alarmas. Y con razón. América Latina es una región sísmica, vulnerable y expuesta, donde la combinación entre fallas geológicas activas y los efectos acumulativos del cambio climático multiplica los riesgos y reduce los márgenes de reacción. Cada sacudida en el Caribe o en la cordillera andina repercute emocionalmente en los países vecinos. En nuestro país han provocado algo más que preocupación, de la mano con la obligada e inevitable pregunta de si estamos preparados para enfrentar una siniestralidad de gran escala. La respuesta, por dura que sea, es no. Desde 2010 existe un Código Hondureño de Construcción que establece “Que nuestro país se encuentra ubicado geográficamente en zonas susceptibles a desastres naturales, siendo necesario que se emitan normas de construcción apropiadas, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, reducir riesgos, pérdidas de vidas humanas y materiales; en las referidas normas se deben regular aspectos puntuales sobre las cargas de vientos, sismos, para desarrollar mejores prácticas y técnicas de construcción de edificaciones seguras y confiables”.
Algunos voceros del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras refiriéndose al tema han dicho que, en efecto, al menos en teoría desde la vigencia del código se han incorporado lineamientos antisísmicos y criterios técnicos que deberían garantizar edificaciones más seguras. Pero la realidad es que la mayor parte del país fue construida antes de esa normativa. Barrios enteros, centros históricos, viviendas autoconstruidas, edificios públicos y privados levantados sin supervisión técnica conforman un inventario de vulnerabilidad que no puede ignorarse. La infraestructura crítica —hospitales, escuelas, puentes, mercados, terminales— tampoco ha sido evaluada con el rigor que exige un país expuesto a múltiples amenazas naturales. La región ya ha vivido tragedias que deberían haber marcado un antes y un después. Honduras conoce el peso de la devastación: Fifi en 1974, Mitch en 1998, fenómenos que no solo destruyeron infraestructura, sino que revelaron la fragilidad institucional y social del país. Venezuela y Colombia, con sus recientes terremotos, nos han mostrado que la amenaza no es hipotética ni distante.
El planeta entero está entrando en una fase de mayor inestabilidad climática y geológica, donde los eventos extremos se vuelven más frecuentes y más impredecibles. La vulnerabilidad ya no es un concepto académico: es una condición cotidiana. Frente a este panorama, la pregunta no es si ocurrirá un desastre, sino cómo nos encontrará cuando ocurra. Y ahí es donde Honduras debe asumir con seriedad una agenda mínima de preparación. No se trata de sembrar alarma, sino de construir responsabilidad, por lo que es indispensable actualizar y hacer cumplir ese Código de Construcción. No basta con tener una normativa; debe ser vinculante, fiscalizable y aplicada sin excepciones. Las municipalidades necesitan capacidades técnicas reales para supervisar obras, sancionar incumplimientos y promover la cultura de la construcción segura. La autoconstrucción, tan extendida en el país, requiere programas de acompañamiento técnico que permitan a las familias levantar viviendas dignas y resistentes. Igualmente, urge un inventario nacional de infraestructura vulnerable. Saber qué edificios públicos no resistirían un sismo, qué escuelas necesitan refuerzo estructural, qué hospitales requieren modernización y qué puentes están al límite de su vida útil es un paso básico para cualquier política de prevención. La población necesita educación práctica y sostenida.
No campañas esporádicas, sino formación continua sobre rutas de evacuación, puntos seguros, preparación de mochilas de emergencia, primeros auxilios y protocolos familiares. La cultura de prevención no se improvisa; se construye con repetición, claridad y responsabilidad compartida. La institucionalidad también debe asumir su parte. COPECO, las alcaldías, los cuerpos de socorro y las instituciones sectoriales requieren coordinación real, simulacros periódicos, protocolos actualizados y recursos suficientes. La respuesta ante un desastre no puede depender de la improvisación ni de la buena voluntad de alguien. Finalmente, es necesario que el país entienda que la prevención no es un gasto, sino una inversión. Cada dólar invertido en resiliencia ahorra decenas en reconstrucción. Cada edificio reforzado salva vidas. Cada simulacro evita caos. Cada comunidad organizada reduce pérdidas. Los terremotos de Venezuela y Colombia no son solo noticias trágicas: son advertencias. El continente entero está entrando en una era donde la vulnerabilidad se vuelve más visible y más costosa. La responsabilidad exige anticiparse.