Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Tras la caída del bloque socialista, las naciones de Europa del Este y los países más pobres debían tomar una decisión histórica. El nuevo consenso liberal exigía transitar dos caminos paralelos: la democratización de la sociedad y la adopción de la economía de libre mercado.
Para un país como Estonia, recién salido de la égida comunista, la transición institucional resultaría particularmente compleja. La cultura de la centralización política y la economía planificada, arraigadas durante casi 75 años de dominio soviético, exigiría inteligencia y mirada de largo plazo. Como país empobrecido, Honduras, no partía de las mismas condiciones, pero tampoco estaba exenta de obstáculos. La transición también requería un sentido estratégico para desmontar las rígidas estructuras corporativas que vinculaban al Estado con grupos económicos favorecidos por el mismo sistema.
Dadas esas condiciones, los organismos internacionales propusieron dos ejes que facilitarían la transición: por un lado, la modernización institucional centrada en la reducción del excesivo gasto público; por otro, la liberalización de los mercados mediante la apertura a la competencia global. Por esos días cayó en mis manos “El desafío neoliberal”, un compendio de ensayos sociológicos escritos por varios economistas liberales e intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. El planeamiento era claro: como ya no había opciones políticas para el socialismo ni para una tercera vía socialdemócrata, la consigna parecía ser “No más privilegios proteccionistas para las élites económicas ni despilfarro en el Estado”. Debíamos aprender a ser menos dependientes y más competitivos; generar riqueza y distribuirla hacia abajo, no en forma de transferencias, como acostumbran los gobiernos de hoy, sino modernizando los servicios que facilitan la vida ciudadana.
Mientras Estonia fortaleció el Estado de derecho e implementó reformas de mercado rápidas y coherentes en un lapso de tres años, en Honduras, los cambios apenas rozaron la esencia del poder político y económico. Hasta el día de hoy, la democracia permanece capturada por redes políticas y clientelares; la burocracia sigue tan inflada como en aquellos días, mientras impera un capitalismo de privilegios especiales que premia la conexión con el Estado. Un capitalismo de compadres que proscribe la participación de los más innovadores y perspicaces, al tiempo que espanta la inversión extranjera. Las consecuencias de esta degeneración política son harto conocidas: bajo crecimiento económico, pobreza, migración y frustración.
Por ello, la exclusión obliga a los hondureños a tratar de recuperar la soberanía y a forzar una nueva transición histórica. No hablamos de una simple soberanía electoral, sino de una organización política que, fuera del PN, PL y PLR, ejerza una fiscalización al poder e impida la captura de las instituciones. Como la transición de los años 90 quedó a medio camino, está claro que necesitamos pasar de una democracia de élites a una democracia más inclusiva y cambiar de raíz este sistema que ya no resulta funcional para las mayorías.
Entonces, ¿cómo construir un Estado que no sea capturado por las redes de poder? ¿Cómo ejercer nuestra soberanía sin responder a los intereses de estructuras privilegiadas que no representan a los ciudadanos? De la conjunción de fuerzas sociales no influidas por los grupos tradicionales podría surgir una respuesta. A lo mejor ahí resida la oportunidad que hemos postergado durante más de tres décadas.
