Por Rodolfo Dumas Castillo
Las imágenes de incendios y saqueos en Francia el sábado 17 de octubre terminaron opacando las razones por las que cientos de miles de personas salieron a la calle. El costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos reunieron reclamos que venían acumulándose desde septiembre, cuando los estudiantes comenzaron a movilizarse contra los recortes presupuestarios.
El Ministerio del Interior calculó unas 550,000 personas; los organizadores, cerca de 800,000. Una movilización de ese tamaño merece atención, aunque ningún reclamo justifica la violencia. Quienes incendiaron y saquearon deben responder ante la justicia, y quienes marcharon en paz merecen que sus demandas se examinen sin cargarles delitos ajenos.
La protesta es parte de la vida democrática, y quien sale a marchar no siempre ha agotado las vías institucionales. Pero cuando sectores muy distintos coinciden en quejarse de los servicios y de lo difícil que se ha vuelto sostener a una familia, un gobierno debería preguntarse qué está atendiendo mal.
En Honduras conocemos bien ese desgaste. Una comunidad pide que reparen la escuela o que vuelva el agua; la autoridad recibe la solicitud, promete atenderla y deja pasar los meses. Si solo aparece cuando los vecinos bloquean la carretera, les está enseñando que cerrar el paso rinde más que seguir el trámite.
Entre enero y junio de este año, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la UNAH registró 437 protestas, más de dos por día, y el 88.6% de las demandas no recibió gestión alguna de las autoridades. Cincuenta de esas protestas surgieron porque el Estado incumplió acuerdos que ya había asumido, sobre todo en educación y salud. La gente volvió a la calle porque lo pactado se quedó en el papel.
Y para muestra un botón. Desde el 7 de septiembre, las asambleas informativas de los médicos tienen paralizada la consulta externa en los hospitales públicos. Es la tercera vez este año, y el gremio reclama que los acuerdos firmados en abril y junio no se cumplieron.
Ese incumplimiento le resta credibilidad a cualquier negociación posterior. ¿Para qué aceptar otra mesa de diálogo si la anterior terminó en un acta que nadie respetó?
El funcionario que firma solo para que se levante un bloqueo, sin saber si podrá cumplir, apenas aplaza el conflicto y lo vuelve más difícil de resolver.
Francia tiene una capacidad administrativa enorme y aun así enfrenta un descontento de esta magnitud. Con instituciones más débiles y menos recursos, Honduras tiene más razones para atender las causas de la conflictividad antes de que estallen.
Los recursos públicos tienen límites y no toda demanda es viable. Gobernar implica fijar prioridades y decir que no cuando corresponde, explicando claramente por qué. Un ciudadano puede no estar de acuerdo con una negativa bien fundamentada, pero al menos sabe a qué atenerse. Ante el silencio o una promesa incumplida no sabe nada, y termina por desconfiar.
¿Y quiénes pagan el costo de los bloqueos? El trabajador que no llega a su empleo y el pequeño negocio que no puede abrir tienen derechos que el Estado debe proteger. Entender por qué la gente protesta no obliga a aceptar cualquier método, y mantener el orden no autoriza a tratar como delincuente a todo el que se manifiesta. Un desalojo puede despejar una carretera, pero no hace llegar las medicinas ni repara la escuela, y si el problema sigue ahí, la protesta volverá.
Para cambiar esa práctica, cada acuerdo que firme el Estado debería identificar al funcionario responsable, plazo de cumplimiento y los recursos con que se cubrirá, y cualquier ciudadano debería poder consultar su avance. Si una solución no es posible, la autoridad tiene que decirlo antes de firmar. Y cuando se desvíen fondos destinados a servicios básicos, debe haber investigación y sanciones.
Tampoco puede premiarse a quien presiona más fuerte. Si las instituciones solo atienden a quien toma una carretera o un edificio, castigan a quien hizo su solicitud por la vía correcta. Las prioridades deben fijarse según la necesidad y con criterios que todos conozcan.
Que no haya protestas no prueba que un gobierno esté cumpliendo, porque también puede haber resignación o miedo. Una señal más confiable es que el ciudadano obtenga respuesta sin tener que buscar un padrino político ni cerrar una carretera. Francia acaba de mostrar cómo un reclamo legítimo puede terminar sepultado bajo incendios y saqueos cuando el descontento lleva tiempo acumulándose. Honduras no tiene por qué llegar a eso, y evitarlo depende menos de los operativos policiales que de autoridades que cumplan su palabra.
