Por Rodrigo Amador
En teoría, el juicio político existe para proteger la democracia. Es una herramienta que debería servir para exigir cuentas, para poner límites y para demostrar que nadie está por encima de la ley pero en Honduras hemos logrado algo interesante: convertir el juicio político en un circo donde todos hablan de justicia, pero casi nadie parece convencido de que eso sea lo que realmente está pasando. En la práctica, cada vez se parece más a una herramienta útil para decidir quién se queda con el control.
Porque hay algo que no termina de cuadrar. No solo en a quiénes se está juzgando, sino en cómo se está haciendo. Porque sin darle tanta vuelta, hoy el Congreso hoy puede señalar, acusar y decidir. Todo en el mismo paquete. Algo así como ser árbitro, jugador y dueño del equipo al mismo tiempo, pero con latranquilidad de que todo sigue siendo “legal”. Y claro, aquí es donde empieza el problema, porque no hace falta ser abogado para notar que cuando quien impulsa el proceso también controla el resultado, la idea de imparcialidad queda más como discurso que como realidad. Cuando no hay reglas claras, cuando no hay espacios reales para defenderse, cuando todo depende de mayorías políticas, el juicio deja de sentirse como justicia y empieza a parecer otra cosa y se convierte en una herramienta bastante conveniente para reorganizar el tablero. ¿Qué tan imparcial puede ser un proceso donde quien acusa también termina decidiendo?
Y eso es lo que preocupa porque incluso si dejamos de lado cómo se hacen estos procesos: ¿qué están logrando realmente? no parece que estemos viendo una limpieza del sistema. Nadie siente que las cosas están funcionando mejor, que hay más transparencia o que las instituciones están más fuertes. Lo que sí se nota es movimiento. Sale uno, entra otro. Cambian los nombres, cambian las caras, pero el fondo se mantiene sorprendentemente intacto. Todo este teatrito no está eliminando la corrupción, está redistribuyéndola. No es una depuración, es un cambio de administración. Es como hacer limpieza cambiando quién tiene las llaves, no arreglando lo que está sucio. Y claro, todo esto tiene un costo que no siempre se ve de inmediato. Cuando un mecanismo como el juicio político se usa sin reglas sólidas, deja de ser excepcional y empieza a volverse costumbre y aplicársele a cualquier gato. Y cuando algo así se vuelve costumbre en política, deja de ser una herramienta de justicia y pasa a ser un instrumento que se usa cuando conviene. Hoy contra unos, mañana contra otros, dependiendo de quién tenga el control del momento.
El problema es que en ese proceso no solo se desgastan las personas que están en el centro del debate. Lo que se debilita no es solo una persona o un cargo. Es la confianza en las instituciones. Es la idea de que hay reglas claras. Es la sensación de que existe un sistema que funciona más allá de quién esté arriba. El juicio político no es el problema en sí. De hecho, bien usado, podría ser una de las herramientas más importantes para fortalecer la democracia pero cuando su uso depende más del momento político que de principios claros, deja de cumplir su propósito y entonces ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de poder y eso, aunque se vea legal, no necesariamente es lo mismo.
