Las políticas sobre el salario mínimo las establecen personas privilegiadas que tienen la capacidad de consumir bienes y servicios que resultan inaccesibles para la clase trabajadora.
Técnicamente, los salarios mínimos se estiman sobre la base de la llamada “Canasta Básica Familiar” -o CBF-, un cálculo economicista que resulta después de tasar los comestibles más baratos y de menor calidad, para luego emitir una lista que refleja los precios promedio de los productos en el mercado. El análisis se parece mucho a los reportajes que hacen los periodistas cada viernes en las centrales de abastos, informando al público sobre los precios de los productos más populares. La información resulta útil para ir de compras el sábado, pero no sirve de mucho para tomar decisiones en periodos más amplios, puesto que los precios observan comportamientos caprichosos, dependiendo de la oferta y la demanda de cada producto.
De todas maneras, los burócratas del Banco Central emiten el anuncio oficial del llamado “Índice de Precios al Consumidor” -o IPC-, que funciona como el elemento clave para calcular el coste de la Canasta Básica. Con esa información, los actores estelares -empresarios y sindicatos-, se sientan a platicar en enero de cada año, en un “estira y encoge” que aparenta una encarnizada “lucha de clases”; pero luego entra en escena el Estado, en calidad de árbitro de VAR, y todo parece calmarse. Con el acto, los gobiernos ganan opinión pública favorable, los líderes sindicales pueden reciclarse en el puesto, mientras los empresarios salen corriendo a aplicar el costo del ajuste al consumidor final. Y así se pone en marcha ese círculo vicioso que resulta aplaudido por periodistas, líderes sindicales y la gente que se traga lo justiciero de la pantomima.
Como no existe una receta universal para establecer el salario mínimo, puesto que la estrechez y la angustia no pueden reflejarse con ecuaciones complejas -recordar el Índice de Gini-, entonces, lo que hacen los políticos, empresarios y sindicalistas, es estandarizar un precio nacional, creyendo que de esta manera han arreglado satisfactoriamente el asunto. Al final de cuentas, todos se toman las “selfies”, muy contentos ellos, pero, en realidad, lo que se logra es aumentar la inflación, el desempleo y alterar los precios de los salarios promedio.
Eso de estandarizar salarios -viejo ardid sindical- no solo genera problemas de inflación al aumentar los costes de producción, sino también que promueve la insatisfacción de los empleados más productivos, reduce los beneficios y la oferta de puestos de trabajo, obliga al cierre de pequeños negocios y crea más desigualdad. Además, se gesta un sistema salarial paralelo. Solo es cuestión de darse una vuelta por el pueblo y entrevistar a los mozos de esos pequeños negocios que ignoran los decretos demagógicos sobre los ajustes anuales.
La única salida justiciera que se nos ocurre para determinar el salario mínimo, además de despolitizar el proceso de negociación, es determinar las capacidades financieras de cada empresa, y establecer un procedimiento diferencial de negociación salarial entre trabajadores y empresarios. Desde luego que eso implicaría una pérdida del poder del Estado y los eternos líderes sindicales, pero obligaría a los empresarios a crear un sistema de compensaciones más justo y menos tercermundista.
