En el intrincado tejido de la sociedad, el Derecho se erige como un faro moral destinado a guiar nuestras acciones y mantener la justicia. Sin embargo, en ocasiones, este mismo sistema diseñado para salvaguardar la equidad se ve desviado, convirtiéndose en una herramienta sutil pero potente para apañar las injusticias. Este fenómeno plantea una paradoja filosófica y moral que exige un examen detenido de las interacciones entre la ley y la justicia.
La filosofía jurídica sostiene que el Derecho es la expresión formal de la moral de una sociedad. Cuando los legisladores crean leyes, lo hacen con la intención de reflejar los valores fundamentales que sustentan una convivencia justa. Sin embargo, esta conexión intrínseca entre Derecho y moral a menudo se desvanece cuando la ley es manipulada para justificar acciones injustas. Aquí, el enfoque filosófico se torna crítico, instándonos a cuestionar no solo la legalidad de una acción, sino también su fundamentación ética.
El utilitarismo, por ejemplo, ofrece una perspectiva que pondera las consecuencias de una acción como criterio para determinar su moralidad. Cuando el Derecho se utiliza para perpetuar injusticias, el utilitarismo señala la disonancia entre los fines declarados de la ley y los resultados reales. En este sentido, se plantea la pregunta incisiva de si la legalidad de una acción, respaldada por el sistema jurídico, puede realmente considerarse justa si sus consecuencias generan sufrimiento y desigualdad.
Desde una perspectiva kantiana, que aboga por la moralidad basada en deberes universales, el uso del Derecho para encubrir injusticias se convierte en una violación fundamental de la ética. Immanuel Kant argumentaría que la ley debe ser un medio para promover el respeto a la dignidad humana y la igualdad, no un instrumento para socavar estos principios. Cuando el Derecho se instrumentaliza para encubrir actos injustos, se traiciona la esencia misma de la moralidad kantiana.
El existencialismo, con su énfasis en la responsabilidad individual y la libertad, también arroja luz sobre la paradoja ética de utilizar el Derecho para fines injustos. Desde esta perspectiva, cada individuo tiene la responsabilidad de elegir sus acciones de manera auténtica y ética. Cuando la ley se convierte en una herramienta de injusticia, se cuestiona la autenticidad de esas elecciones y se diluye la responsabilidad individual en el tejido colectivo de la sociedad.
La moralidad y la legalidad, aunque entrelazadas, no siempre caminan de la mano. Desde la antigüedad, filósofos como Sócrates han desafiado la noción de que la legalidad inherente a una sociedad siempre coincide con la moralidad. Cuando el Derecho se utiliza para apañar injusticias, este desafío resuena con fuerza, llevándonos a considerar si la legalidad puede ser un sustituto suficiente para la justicia.
En el ámbito moral, la acción justa no puede ser reducida a meras formalidades legales. La ética exige una mirada más profunda, una introspección en los motivos y las consecuencias de nuestras acciones. Cuando el Derecho se convierte en una herramienta de injusticia, la moralidad nos llama a resistirnos, a desafiar las leyes que traicionan la esencia de la justicia y a abogar por un cambio que restaure la integridad perdida.
La metáfora de la “banalidad del mal”, acuñada por Hannah Arendt, adquiere relevancia en este contexto. Arendt argumenta que el mal a menudo surge no de individuos inherentemente malvados, sino de la conformidad acrítica con sistemas y normas corruptas. Cuando el Derecho se convierte en un cómplice de la injusticia, la sociedad se enfrenta al peligro de sumirse en esa banalidad del mal, donde la legalidad aparente sirve como cortina de humo para encubrir la inmoralidad intrínseca.