Por Mirna Isabel Rivera
Acostumbrados a vivir en la escasez y la inseguridad, producto de la corrupción y la debilidad institucional, donde el imperio de la ley es reemplazado por la ley del más fuerte, hemos llegado a normalizar un modelo diseñado para la exclusión social. Está claro que la pobreza no es algo accidental, es predecible y responde a la toma de decisiones que benefician a unos pocos y dejan en el abandono a la mayoría.
En Honduras estamos habituados a leer noticias como: “Los horarios de distribución de agua fueron reprogramados y algunas colonias recibirán el servicio con intervalos de hasta seis días.” “Más de 40 colonias de San Pedro Sula estarán sin energía eléctrica esta semana debido a las interrupciones programadas por la Enee.”
O esta otra: “Derechohabientes del IHSS denuncian falta de medicamentos y citas médicas, señalando mala atención y desabastecimiento persistente en el Seguro Social”. ¿Qué les parece esta?: “¡No se enferme! Médicos seguirán en asambleas informativas este lunes para exigir pago de sus salarios y cese de despidos”. Así podría seguir presentando notas propias de la realidad nacional hondureña, ninguna es positiva, al contrario, pone al descubierto la mala administración de los recursos vitales como el agua, la energía eléctrica, la salud y la seguridad ciudadana.
En la academia y los medios de comunicación siempre se resaltan las estadísticas de la pobreza en Honduras, raramente estas cifras disminuyen, aunque al parecer si hubo alguna mejoría por los subsidios que se ejecutaron en el gobierno anterior (INE,2025).
Hay dos tipos de pobreza en el país. La primera, donde los ingresos, aunque son precarios permiten cubrir algunos productos de la canasta básica y otros gastos esenciales; y la segunda, la pobreza extrema donde no se cuenta con ingresos para cubrir las necesidades básicas de subsistencia.
En Honduras, alrededor de seis millones de personas viven en condición de pobreza. Casi cuatro en pobreza extrema y dos millones en pobreza relativa. Solamente cuatro millones de habitantes viven en hogares que no se consideran pobres.
Para los lectores que no están familiarizados con la pobreza, les ilustraré con un caso muy típico de pobreza relativa: María José H, terminó la secundaria y durante años trabajó en una maquila para sostener a sus tres hijos. Sin embargo, perdió su empleo porque la empresa cerró. Poco después, sufrió una fractura en su brazo derecho mientras hacía trabajos domésticos. Ella ya había presentado problemas musculoesqueléticos cuando todavía era una obrera de ese sector.
Sin seguro médico privado y sin ingresos estables, acudió al hospital público buscando atención. Tras horas de espera, le informaron que no había especialistas disponibles ni los medicamentos que necesitaba para su recuperación.
Casos como estos se viven a diario en el país, pero estamos tan acostumbrados a que lo público no funcione, que nos asombramos cuando vamos a otros países y vemos que ahí sí saben administrar lo público, como si se tratase recursos privados.
Quienes promueven la privatización están interesados en esos cuatro o cinco millones de hondureños que todavía no han caído en la pobreza o pobreza extrema. Su lógica es comercial y sencilla: Pagan los que pueden, los que no se quedan fuera del sistema y desaparecen.
Un botín atractivo para inversores privados, es la energía eléctrica, la estrategia es la misma de siempre; debilitan lo público. De igual manera ocurre con los sectores de salud y educación. Es una imagen que recuerda a los antiguos piratas que llegaban a una población, saqueaban todo el pueblo hasta dejarlo en ruinas y luego se iban.
Es de resaltar que la corrupción, el clientelismo y la mala gestión pública han debilitado estas instituciones. La voracidad con la que se administran los recursos públicos y la concentración de la riqueza en pequeños grupos de poder mantienen a más de la mitad del pueblo hondureño atrapado en un círculo de pobreza difícil de superar.
Para muchos (incluyendo personas de altos ingresos), emigrar hacia los Estados Unidos o España es la única alternativa para lograr una vida más digna, pero salir del país es cada día más complicado. (MIR)
