El Ministerio Público y la Dirección Policial de Anti Maras y Pandillas Contra Crimen Organizado (DIPAMPCO) desarrolla operativos para combatir estructuras criminales.
Mismas, que se dedican a los flagelos de la extorsión y el lavado de dinero.
La ejecución de 17 allanamientos de domicilio y el cumplimiento a una gran cantidad de órdenes de captura de integrantes de la Pandilla 18.
En acciones, que de manera simultánea se desarrollan en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Santa Bárbara.
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La operación responde a un requerimiento fiscal que en las últimas horas presentó ante un juez con jurisdicción nacional en materia de extorsión.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de su Sección Antiextorsión, que, desde el año pasado, venía trabajando el caso e identificando “clicas”.
Dedicadas a este tipo de delitos dentro de la agrupación criminal Barrio 18.
El modus operandi, según las investigaciones interagenciales, consistía en el empleo y uso de transferencias electrónicas para el recaudo y cobro de la extorsión.
Mismo, que exigían a comerciantes en la zona central y noroccidental.
En los allanamientos, se recolectan indicios en torno a la concurrencia de cualquier otro ilícito en que se hayan visto involucrados los imputados.
De momento, la acusación del Ministerio Público es por los delitos de extorsión, lavado de activos.
Asimismo, asociación para delinquir en perjuicio de testigos protegidos, la economía del Estado de Honduras y los derechos fundamentales, respectivamente.
Un estudio de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internas señala que 247,090 personas se desplazaron por la violencia y la extorsión en Honduras en los últimos años, para “salvaguardar su integridad física”.