El diario oficial La Gaceta publicó las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional para endurecer las medidas contra las asociaciones terroristas, maras y pandillas en Honduras.
Las disposiciones están contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026, denominado Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
El decreto apareció en la edición número 37,282 de La Gaceta, correspondiente al 30 de octubre de 2026.
Con su publicación, las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal entran en vigencia y se incorporan al ordenamiento jurídico hondureño.
Entre los principales cambios, la normativa establece penas de 40 años de prisión hasta cadena perpetua para los cabecillas, directivos, promotores y financistas de asociaciones terroristas.
Para los integrantes de estas estructuras criminales contempla condenas de 30 a 40 años de cárcel, además de multas económicas.
Asimismo, establece penas de 20 a 30 años de prisión para quienes colaboren con estas organizaciones sin pertenecer directamente a ellas, cuando proporcionen información, recursos, transporte, inmuebles o servicios tecnológicos.
Las condenas pueden aumentar cuando la colaboración involucre a funcionarios públicos o se realice a cambio de una recompensa.
Prisión preventiva y allanamientos
Las reformas también establecen la prisión preventiva obligatoria para las personas procesadas por asociación terrorista, sin posibilidad de sustituirla por otras medidas cautelares.
Además, ordenan que los imputados permanezcan en establecimientos penitenciarios o módulos de máxima o alta seguridad.
Otro cambio permite que los agentes de seguridad, en coordinación con un fiscal del Ministerio Público, realicen allanamientos y registros sin una orden judicial previa durante operaciones interinstitucionales contra estas estructuras, siempre que existan indicios razonables y circunstancias de urgencia.
La legislación también restringe los beneficios de preliberación y libertad condicional para las personas condenadas por delitos relacionados con asociaciones terroristas.
Además, incorpora sanciones para quienes utilicen aeronaves no tripuladas, como drones, para introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios.
Prohíben símbolos de maras y pandillas
La nueva normativa faculta a los cuerpos de seguridad para retirar grafitis, expresiones visuales y símbolos relacionados con maras, pandillas y otras estructuras criminales, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
También prohíbe la reposición o colocación de nuevos distintivos de estas organizaciones y contempla sanciones para quienes incumplan esa disposición.
Con la publicación del Decreto 258-2026, el Estado hondureño incorpora nuevas penas y herramientas procesales para investigar, perseguir y sancionar a los integrantes y colaboradores de estas estructuras criminales.