Al menos 245 niños, niñas y adolescentes enfrentaron situaciones de desplazamiento forzado interno en Honduras durante 2025, luego de recibir amenazas o ser objeto de intentos de reclutamiento por parte de estructuras criminales.
La cifra fue identificada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), según informó Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez de esa institución.
La funcionaria explicó que muchos de estos menores tuvieron que abandonar sus hogares debido a las presiones del crimen organizado, que busca incorporar a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad a sus actividades.
Maradiaga señaló que el reclutamiento forzado está relacionado con una parte importante de estos casos y advirtió que la niñez también sufre las consecuencias de la violencia que afecta al país.
Como muestra de esta problemática, datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) indican que el 80 % de los 157 adolescentes que permanecen en centros pedagógicos de internamiento están vinculados a infracciones de extorsión y tráfico de drogas.
La coordinadora recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido en un informe de 2023 sobre el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales dentro de sus propias comunidades.
«Son víctimas, no victimarios», expresó Maradiaga, al comparar la cantidad de adolescentes privados de libertad con los más de 19,274 adultos que integran el sistema penitenciario hondureño.
La representante del Conadeh sostuvo que muchos jóvenes vinculados al sistema de justicia fueron captados por maras, pandillas y otras organizaciones delictivas en los lugares donde residen.
Llamado a fortalecer la protección de la niñez
Ante este panorama, el Conadeh pidió reforzar el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadena), aprobado en 2019 para coordinar acciones entre instituciones estatales, gobiernos locales y organizaciones.
Maradiaga indicó que este mecanismo debe contribuir a enfrentar los riesgos que afectan a la población infantil y adolescente, además de garantizar oportunidades de reeducación y reinserción social para quienes cumplen medidas judiciales.
La institución también consideró necesario fortalecer la atención pública dirigida a los adolescentes que permanecen en centros de internamiento o cumplen medidas fuera de ellos.
El objetivo, explicó la funcionaria, es que estos jóvenes puedan retomar sus proyectos de vida mediante educación formal, capacitación en talleres vocacionales y oportunidades para reintegrarse a sus comunidades.
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