El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó ayer miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región en el 2023, donde resaltó las “graves violaciones de derechos humanos en Honduras generadas en el estado de excepción, vigente desde 2022, y la corrupción judicial”.
El informe explica que durante el período bajo revisión se documentaron numerosos casos de abusos contra la libertad de expresión.
Así, como acciones que demuestran una marcada debilidad en el Poder Judicial que han abierto paso a la impunidad generalizada, incluso para aquellos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Además, recibieron denuncias de prácticas de tortura, inhumanas y degradantes, perpetradas por las fuerzas de seguridad, lo que ha suscitado una profunda preocupación de las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos tomó como referencia un total de 66 casos de presuntas torturas recogidas por el Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), mientras que el Ministerio Público (MP) mostró cinco informes similares hasta julio de 2023.
Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención Honduras (Conaprev) informó a
EE.UU. que recibió 45 denuncias relacionadas con el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.
DEFICIENTE LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN
Otro tema de gran inquietud que reflejó Estados Unidos en su informe son las detenciones arbitrarias, particularmente aquellas llevadas a cabo bajo el argumento del estado de excepción.
La corrupción en el Gobierno también ha sido objeto de análisis en el informe estadounidense, señalando que, si bien existen disposiciones legales para combatirla, su implementación efectiva ha sido deficiente, lo que ha permitido que los funcionarios
continúen con prácticas corruptas sin consecuencias.
CORTE SUPREMA SEÑALADA
El informe aborda la ineficiencia judicial, la cual, para ellos, ha generado detenciones preventivas prolongadas y ha obstaculizado el acceso a juicios justos.
Además, se destaca la falta de independencia del Poder Judicial, que se ve afectado por la
falta de recursos, ineficacia y corrupción, lo que pone en entredicho la garantía de un proceso judicial imparcial.
GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL
La relación entre el Gobierno y la Sociedad Civil también ha sido objeto de análisis y llaman la atención que altos funcionarios gubernamentales critican abiertamente a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional que expresan críticas al Gobierno, lo que ha tenido un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
El informe resalta, igualmente, el acoso, represión e intimidación a los defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, lo que ha generado un clima de autocensura y temor.
Los abusos sociales, incluidos los feminicidios, la violencia contra miembros de la comunidad lgbt+, la discriminación contra pacientes con VIH-Sida y la violencia de género en general, también están incluidos en el extenso documento.
Finalmente, el documento consigna que “las preocupaciones (de los Estados Unidos) reflejan un panorama alarmante en materia de derechos humanos en Honduras, que requiere una acción urgente y efectiva por parte de las autoridades para abordar estos problemas de manera integral y garantizar el respeto y la protección de los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos”.