Por Mirna Isabel Rivera
La pobreza multidimensional en la que vive más de la mitad de los hondureños debe encender las alarmas en el gobierno. El deterioro del tejido social es notable; los ciudadanos están a la deriva para enfrentar los problemas económicos y sociales.
La escasez de empleo pleno y los altos índices de inflación sumen a las grandes mayorías en un círculo vicioso difícil de salir. Los programas sociales son casi inexistentes y, de haber algunos, son politizados; se convierten en clientelismo político.
La naturaleza humana es compleja; el egoísmo y la falta de amor al prójimo profundizan las desigualdades. Los países que han tenido éxito contrarrestando la precariedad tienen algo en común: han reconocido el problema, buscado soluciones para paliarlo y han tomado decisiones para hacer sostenibles las políticas públicas.
La falta de ingresos impide que millones de personas accedan a alimentos, servicios básicos y viviendas. Vivir en un Estado requiere cuidar a la población que en él habita.
Los que defienden el capitalismo de manera vehemente y oportunista quieren hacer creer que en Honduras la precariedad y la pobreza extrema son el precio a pagar por la libertad que gozamos. Suelen llenarse de orgullo al decir que no somos como Cuba y hasta hace poco decían que no éramos como Venezuela.
El capitalismo no es incompatible con los programas sociales; defender la iniciativa privada no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar derechos y ampliar las oportunidades.
Para comprender mejor la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, solo debemos preguntarnos quién posee y controla los medios de producción. En Honduras, las empresas pertenecen al sector privado; la mayoría son empresas pequeñas y medianas, más de la mitad.
El resultado de la inacción del gobierno es la pobreza extrema; en Honduras, 6 de cada 10 hondureños viven en esas condiciones y esto se agrava cada día.
El capitalismo clásico no funciona en Honduras, la mano invisible no está sirviendo la mesa de la mayoría. Tampoco el socialismo del siglo 21, y en las presentes condiciones ni la economía social de mercado, por una compleja razón: la corrupción.
Un problema endémico es la falta de probidad administrativa. Los recursos que se pueden destinar para garantizar el bien común terminan favoreciendo a amigos, familiares y grupos de poder. Cada lempira mal utilizado reduce la capacidad del Estado para atender necesidades de salud, educación e infraestructura.
No nos engañemos, ni tratemos de acomodar las verdades incómodas. En países con tanta pobreza, no funciona “dejar hacer, dejar pasar”. La falsa expectativa de que el crecimiento económico beneficie a los menos favorecidos por sí solo, con un derramamiento de riqueza, es una ilusión. No está pasando, ni pasará por arte de magia (MIR).
