Por Héctor A. Martínez

La reciente huelga de los médicos en Honduras confirma que el dominio del sistema político sobre el entorno mediático es altamente efectivo. Desde el inicio de los acontecimientos, quedó claro que las demandas se debían exclusivamente a cuestiones salariales. Ese fue el punto de arranque. Sin embargo, a medida que el Gobierno denunciaba la desatención de los pacientes, buena parte de la prensa hizo a un lado los problemas laborales y la irresponsabilidad del Estado, para enfocarse en los efectos sociales del paro. Como era de esperarse, el público terminó adoptando el encuadre oficial y volcó su indignación contra la supuesta falta de empatía de los galenos. Un giro de 180 grados, como puede verse.
Eso significa que, la mayoría de las veces, el poder establece sobre qué debe discutirse en el espacio informativo y cómo deben interpretarse los hechos noticiosos, según sus conveniencias e intereses. Pero no necesita imponer nada a la fuerza, a menos que se trate de una dictadura. Le basta con filtrar una información o divulgar una noticia exclusiva para desatar una avalancha de cobertura que inundará el debate público. En otras palabras, todos los gobiernos intentan marcar la agenda mediática para que los medios de comunicación –dependiendo de su responsabilidad ética y el compromiso político— reproduzcan el encuadre diseñado en las trastiendas de las oficinas estatales, convirtiendo el libreto oficial en el núcleo de la opinión pública.
Al controlar el debate, la agenda gubernamental desplaza la atención de los ciudadanos sobre los problemas más críticos, por ejemplo, el desempleo, la violencia o el alto costo de los alimentos, y la traslada al espectáculo político del momento.
Eso explica por qué se nos dificulta tanto conectar los puntos cardinales de la problemática nacional. El panorama se pierde cuando vivimos enfrascados en la polémica y los escándalos que dominan el escenario mediático. Pero ese es precisamente el juego de los gobiernos: distraernos para evitar que exista un consenso que cuestione la legitimidad del sistema. Entre más dividida esté la percepción de la gente, menos entenderá lo que sucede alrededor y menos crítico se volverá. A eso se debe que los cibernautas se desgañitan en las redes sociales posteando estupideces, creyendo que sus publicaciones son un ejercicio de libertad. Ignora que es el mismo poder quien impone el escenario y el libreto.
Cada medio de comunicación decidirá si convertirse en caja de resonancia de la agenda del poder o si mantiene una posición crítica frente al relato oficial. Eso dependerá de su compromiso político, de su deber con la democracia o de su responsabilidad cívica.
En un país como el nuestro, con problemas sociales críticos, el poder buscará contener el descontento mediante el control del ecosistema mediático. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por distraer a la ciudadanía, los conflictos no desaparecerán con propaganda pagada ni con escándalos que suelen durar semanas enteras. Es a partir de aquí que los medios de comunicación deben mantener la mirada objetiva sobre las maniobras de los gobiernos y actuar como una piedra en el zapato cuando haya que criticar los abusos de los funcionarios, la corrupción estructural y las políticas que frenan el bienestar.
En conclusión, el periodismo nacional debe constituirse en la pluma, el lente y el micrófono que devuelvan a la sociedad el derecho a exigir las cuentas que el poder intenta ocultar. Ese es su papel en una democracia.



