¿Qué clase de país decide premiar la estupidez con fondos públicos? ¿En qué momento la ignorancia y la avaricia de unos pocos se convirtieron en responsabilidad de todos? El caso Koriun no es una tragedia nacional, es una bofetada a los que trabajamos honestamente. Mientras usted se parte el lomo para pagar impuestos, otros reciben cheques por haber caído —por decisión propia— en una estafa ridículamente obvia. Y el gobierno, en lugar de castigar la irresponsabilidad, la recompensa.
En este país, donde los hospitales públicos se caen a pedazos, donde los niños estudian en pupitres quebrados y los medicamentos no alcanzan ni para los diabéticos, ¿vamos a destinar millones a devolverle su dinero a personas que decidieron creer en algo que no tenía ni regulación ni sentido común? Que quede claro: una cosa es apoyar a los más vulnerables, y otra muy distinta es premiar la estupidez financiera.
Este no fue un fraude escondido entre cláusulas legales. Era evidente. Promesas de rentabilidad irreal, sin respaldo, sin control, sin supervisión. Aun así, cientos de personas hicieron fila para entregar su dinero. No investigaron, no pidieron estados financieros, no consultaron con ningún experto. Solo se dejaron llevar por la emoción de duplicar sus ingresos sin mover un dedo. Y ahora lloran frente a las cámaras pidiendo que “alguien” les resuelva. ¿Quién? El Estado. O mejor dicho: todos nosotros.
Porque cuando el gobierno dice que devolverá el dinero, no está sacando plata de una caja mágica. Está metiendo mano en los impuestos que pagamos los demás. Los que sí leemos antes de firmar. Los que no caemos en cuentos de camino real. Los que, con esfuerzo, levantamos negocios legítimos, pagamos salarios, y tratamos de sobrevivir sin engañar a nadie. Hay que decirlo sin miedo: pagarle a los “socios” de Koriun con dinero público es un precedente peligroso y absurdo. Es como decirle a la población: “Meta su dinero donde quiera, y si pierde, no se preocupe, aquí estamos nosotros para devolverle todo”. ¿Y qué sigue? ¿Vamos a pagarle también al que invirtió en criptomonedas sin entenderlas? ¿Al que compró productos milagrosos y ahora exige reembolso? ¿Al que apostó en línea y perdió su casa? ¿Hasta dónde vamos a estirar la condescendencia? No se trata de burlarse del dolor ajeno, se trata de asumir responsabilidades porque aqeui nadie fue una víctima más del sistema.
Cada quien es dueño de sus decisiones, y eso incluye asumir sus consecuencias. Si usted decidió meter su dinero en una empresa que no tenía permisos, ni controles, ni garantías, eso fue su decisión. Y si hoy está en la ruina, lo lamento. Pero no es responsabilidad del resto del país pagar por su error.
Este caso no solo refleja la fragilidad institucional que permite que empresas como Koriun operen sin freno. También muestra algo más preocupante: la mentalidad cortoplacista y oportunista que sigue reinando en amplios sectores de la sociedad. Gente que quiere ganar sin trabajar, que confunde “emprendimiento” con “apuesta”, y que prefiere creer en un rendimiento milagroso antes que aceptar que el progreso toma tiempo, esfuerzo y paciencia.
Y peor aún: ahora esos mismos que cayeron, que protestaron, que tomaron carreteras y paralizaron la economía local, están siendo premiados con cheques de devolución. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Que si haces suficiente bulla el Estado te compensa? ¿Que si bloqueas las calles y gritas lo suficiente, te pagan tu error? Ese no es un país justo, es un país que estimula la irresponsabilidad.
El gobierno está cometiendo un grave error. No solo desde lo económico, sino desde lo moral. Porque un Estado que rescata a quienes apostaron mal está alimentando una cultura peligrosa: la de la impunidad financiera.
La de que el dinero público es un seguro para el que se arriesga sin cabeza. Y eso es insostenible. La solución no es devolver el dinero. Es educar. Es invertir en cultura financiera real. Es enseñarle a la gente a desconfiar de lo que suena demasiado bueno para ser verdad.
Es exigir que cualquier empresa que maneje dinero de otros esté registrada, supervisada y auditada. Y sí, también es castigar a quienes promueven fraudes. Pero nunca, nunca, usar el dinero del pueblo para arreglar los errores de unos pocos.
Basta ya de victimizar a quien decidió apostar con los ojos cerrados. No todo el que pierde es víctima. A veces, simplemente, fue irresponsable. Y el país no puede seguir pagando por eso.
