Por Héctor A. Martínez
Nayib Bukele ha lanzado su candidatura para competir por tercera vez a la presidencia por El Salvador. Puede hacerlo, la ley se lo faculta. ¿Qué ley? La que los padres de la patria, aprovechando la mayoría de Nuevas Ideas en el Congreso, reformaron el 31 de julio del 2025. Antes de esa fecha, la Constitución prohibía la reelección ilimitada. Y antes de septiembre del 2021, los artículos pétreos de esa misma Constitución hacían imposible la reelección. Como siempre sucede en estos casos, la Corte Suprema -no podía ser de otra manera— reinterpretó la Carta Magna para permitir la perpetuación en el poder del caudillo.
Todas estas jugadas fueron manoseadas de manera legal porque, no olvidemos, las leyes están hechas para ser modificadas, siempre y cuando la situación lo amerite. ¿De cuál situación hablamos? Depende. Así como después de una catástrofe natural -digamos un terremoto—, un gobernante puede establecer el estado de excepción para atender a los afectados, también puede permitírsele, en nombre de una crisis permanente, ser el único que decida a pesar de que la ley lo prohíbe. Para ello necesita contar con el visto bueno de la Sala Constitucional, la venia de los legisladores y el respaldo unánime del pueblo en las redes sociales. ¿No funciona así la democracia?
Si los ciudadanos se quejan de una situación que les amarga la existencia, digamos, el alto índice delincuencial, entonces, el caudillo y sus socios perfectamente pueden examinar la ley para destrabar aquellos procedimientos que impiden resolver ese nefasto problema. Basta revisar la ley para ampliar las facultades extraordinarias del Ejecutivo y reducir los controles institucionales. Si ningún gobierno anterior ha podido solucionar la encrucijada, ¿por qué no pensar en prolongar el mandato del gobernante, en vista de que este asegura tener la fórmula para enderezar las cosas?
A decir verdad, ningún gobernante tiende a limitarse a sí mismo. Sin contrapesos, la concentración del poder deja de ser un problema y se convierte en la regla. Y si cuenta con el respaldo de su partido, las organizaciones populares y las élites, ¿por qué no renovar el mandato por una o dos décadas? Pero hay un detalle que traba las pretensiones continuistas: la democracia está edificada sobre el principio de alternabilidad en el poder, precisamente para evitar los mandatos absolutos.
Muchos dirán: “Pero el presidente Bukele cuenta con un 85 % de la población que lo respalda”. Que el mandatario salvadoreño goce de esa popularidad no significa que se trate de una verdadera democracia. Lo que hay en El Salvador es lo que los politólogos denominan un autoritarismo legitimado a causa de los resultados de corto plazo, es decir, las masas priorizan los efectos puntuales -como meter presos a los mareros— antes que la alternabilidad en el poder, la separación de los poderes y la independencia de la corte suprema.
Las democracias no mueren únicamente por golpes de Estado o revoluciones sangrientas. Mueren cuando una mayoría, convencida de apoyar a un ser providencial, acepta que las reglas no apliquen al líder que admira. Ese es el verdadero dilema que plantea el caso de Bukele: decidir si las instituciones existen para limitar a los gobernantes o si deben adaptarse cada vez que aparezca un redentor dispuesto a arreglar las cosas. De esa respuesta depende distinguir entre una democracia y una dictadura.
