Por Rodolfo Dumas Castillo
San Pedro Sula amaneció, otra vez, con ese aire pesado que no solo se siente en la piel, sino en la conciencia. Desde hace varios días, el calor es sofocante, pero lo que más preocupa no es la temperatura, sino la terrible “humazón” que se instala sobre la ciudad. Desde cualquier punto alto se pueden ver quemazones dispersas en distintos sectores. No siempre se trata de grandes incendios. Muchas veces son quemas pequeñas de basura doméstica o desechos acumulados. Pero el efecto combinado es un aire más sucio, una ciudad más vulnerable y una población más expuesta.
La escena ya no debería sorprendernos, pero se repite con una frecuencia alarmante. Cuando se habla de contaminación, la conversación pública tiende a dirigirse de inmediato hacia el gobierno. Y sí, el Estado tiene responsabilidades claras. Debe regular, vigilar, sancionar, prevenir y actuar con firmeza contra quienes contaminan. También debe garantizar un sistema de manejo de desechos que funcione y una política ambiental que no se limite a comunicados. Pero sería un error pretender que el problema comienza y termina en la administración pública.
La toxicidad del aire en una ciudad como la nuestra no es solo consecuencia de la inacción estatal. También es el resultado de prácticas empresariales deficientes y de conductas ciudadanas normalizadas por años. Hay empresas que contaminan de manera directa y otras que, sin necesariamente vulnerar la ley de forma abierta, operan al límite de lo aceptable. Y luego está la otra mitad del problema que es la ciudadanía que quema basura, tira desechos en solares baldíos, arroja plásticos a la vía pública o acepta como rutina aquello que debería indignarla.
Esa mezcla de descuido, tolerancia y omisión produce ciudades que respiran sus propios errores. La quema de basura es uno de los ejemplos más visibles. Se trata de una práctica dañina, contaminante y profundamente irresponsable. Cada quema libera partículas que deterioran la calidad del aire y contribuyen a una atmósfera más dañina para la salud. Lo que se ve como un acto práctico en un patio o en un terreno baldío termina afectando a barrios enteros.
La polución atmosférica no respeta fronteras privadas. Lo que una persona quema en su terreno, lo que una empresa expulsa por sus chimeneas o lo que una autoridad deja de controlar en un sector determinado termina formando parte de un mismo problema urbano. El aire no distingue entre culpa grande o pequeña. Lo absorbe todo.
Ante esta situación, Honduras no requiere más discursos abstractos sobre sostenibilidad. Necesita orden, vigilancia y reglas cumplidas. Nuestras ciudades no pueden seguir administrando la degradación ambiental como si fuera un fenómeno inevitable del clima tropical. ¡No lo es! El calor puede ser intenso, pero no explica por sí solo la densidad del humo ni la multiplicación de quemas. Hay responsabilidades concretas detrás de lo que ocurre, y fingir que no existen solo prolonga el deterioro.
Lo que ocurre en San Pedro Sula no es una excepción. En muchas ciudades de Honduras se repite el mismo patrón; cambian los nombres de los barrios y las avenidas, pero la escena es la misma. El aire contaminado se vuelve entonces un problema urbano compartido, alimentado por la desidia pública y la irresponsabilidad privada.
El papel del gobierno es indispensable, pero no exclusivo. Las municipalidades deben fortalecer la recolección de basura, supervisar los puntos críticos y sancionar severamente a quienes incendian desechos. Las instituciones ambientales deben tener capacidad real de inspección. El sector privado, por su parte, debe asumir estándares más altos de cumplimiento y dejar de ver el ambiente como un costo accesorio. Y la ciudadanía debe abandonar de una vez la idea de que quemar basura es una solución. Es, más bien, una forma de trasladar el problema a los demás.
El deterioro ambiental no es solo un problema de salud pública, sino que también representa una carga económica. Las enfermedades respiratorias generan ausentismo laboral, saturan los sistemas de salud y reducen la productividad. Un país que tolera el aire sucio no solo enferma a su gente, le cobra un precio que no aparece en ningún presupuesto, pero que todos terminamos pagando. El verdadero riesgo no solo es que nuestras ciudades se contaminen, sino que aprendamos a convivir con estas densas capas de humo como si fuera un precio inevitable del desarrollo. Gozar de un ambiente limpio no puede verse como un lujo o una meta lejana; se trata de una condición mínima de habitabilidad. Todos los planes, proyectos y discursos de desarrollo saldrán sobrando si al final no podemos respirar.
