Por Rodolfo Dumas Castillo
El comunicado que el Fondo Monetario Internacional divulgó el pasado domingo reconoce avances y deja tareas concretas a nuestras autoridades. Según el Fondo, Honduras ha preservado la estabilidad macroeconómica, fortalecido sus reservas y mantenido la sostenibilidad de la deuda, pese al encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Medio y a una severa sequía asociada a El Niño. Pero el mismo documento deja ver cuánto falta para que esa estabilidad se traduzca en más inversión y mejores empleos.
Se trata de un acuerdo técnico. El Directorio Ejecutivo lo examinará a finales de diciembre y, si lo aprueba, el país podrá acceder a unos 120 millones de dólares. Es, además, la sexta y última revisión del programa suscrito en 2023, de modo que las reformas que el Fondo enumera quedan como agenda del país, haya o no un nuevo acuerdo. Ahí debería estar el centro del debate, más que en el desembolso.
El PIB creció 3.7% en el primer semestre y el FMI proyecta 3.4% para el año, cifras razonables dadas las circunstancias. La inflación llegó a 6.3% en septiembre, por encima del rango de tolerancia del Banco Central, empujada por alimentos y energía, mientras la subyacente se mantuvo en 3.5%. Esa brecha explica buena parte del malestar en los hogares, porque los aumentos se concentran en lo que una familia no puede dejar de comprar.
Las reservas internacionales netas rondaban los 11,500 millones de dólares en octubre, gracias a las remesas y a buenos precios de exportación. Ese colchón da margen ante una sacudida externa, pero el propio Fondo prevé que la cuenta corriente pase de un superávit de 4.1% del PIB en el primer semestre a un déficit de 2.2% al cierre del año. Hacen falta más divisas generadas por exportaciones e inversión. Las remesas sostienen a muchas familias, pero vienen de oportunidades que miles de hondureños tuvieron que buscar afuera. Crearlas aquí sigue siendo la tarea pendiente.
Con la ENEE el Fondo es directo. Pide reducir su carga sobre las finanzas públicas, bajar las pérdidas eléctricas y los atrasos, reforzar su gobernanza y abrir el sector a la competencia. Califica como un paso positivo la aprobación de la Ley de Justicia Energética, aunque insiste en que la reforma requiere esfuerzos sostenidos. Una ley aprobada sirve de poco si las pérdidas no bajan y la empresa sigue atrasándose en sus pagos.
Cada lempira que se va en cubrir las crónicas ineficiencias del sistema eléctrico es un lempira menos para el gasto prioritario, y eso le importa tanto al empresario como al ciudadano. Para que la reforma sea creíble, el gobierno debería fijar metas verificables y rendir cuentas con regularidad sobre su cumplimiento.
El comunicado relaciona también la confianza del inversionista con la eficacia judicial, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, un vínculo poco atendido en nuestro debate económico. Quien invierte compromete recursos durante años y necesita reglas que no cambien a mitad de camino, además de tribunales que resuelvan controversias en un plazo razonable. Cuando eso falta, los proyectos se encarecen o se posponen, y con frecuencia el capital termina en otro país.
En materia fiscal, el FMI recomienda mejorar la contratación pública, endurecer el control del gasto y modernizar las administraciones tributaria y aduanera. Recaudar mejor es solo una parte. Al contribuyente hay que poder explicarle qué recibe a cambio de sus impuestos y cómo se corrigen el desperdicio y la mala gestión. El Fondo pide además evaluar con más rigor los incentivos tributarios, un punto que los inversionistas seguirán de cerca y que, de revisarse, debería hacerse con reglas claras y respeto a los derechos adquiridos.
El documento menciona asimismo el registro de beneficiarios finales y las reformas contra el lavado de activos, con miras a la evaluación del GAFI de 2027, que ya está en marcha. El registro será útil si las instituciones usan la información para prevenir abusos y si quienes deben reportar cuentan con procedimientos claros. Si solo añade trámites, no habrá servido para ninguna de las dos cosas.
El balance del FMI es favorable y hay que reconocerlo, como también hay que tomar en serio lo que pide. Las reservas y el déficit dicen mucho sobre la salud de nuestra economía, pero al ciudadano común le dicen muy poco. Él medirá la estabilidad por cosas más cercanas, como que la luz no se vaya o que sus hijos encuentren trabajo sin tener que emigrar. Mientras eso no ocurra, los buenos números seguirán sonando lejanos para buena parte del país.
