En Honduras, para miles de familias, la casa propia no es un proyecto de vida, sino un sueño cada vez más lejano. El país enfrenta un déficit habitacional que crece año tras año, y la banca prioriza el crédito para consumo o comercio en lugar de financiar hogares.
En contraste, en otros países, la mayor parte de los préstamos se destinan al sector inmobiliario, principalmente a través de hipotecas, y la política fiscal premia a quienes invierten en vivienda con deducciones y exenciones que aquí no existen.
El acceso a una vivienda digna es uno de los pilares del desarrollo socialq. En Honduras, sin embargo, este derecho se enfrenta a barreras estructurales.
El déficit habitacional no solo implica la ausencia de unidades suficientes, sino también la precariedad y el deterioro de una gran parte de las viviendas existentes, lo que afecta la calidad de vida, la salud y las oportunidades de miles de ciudadanos.
Aunque se han impulsado programas puntuales desde el Estado, estos no conforman una estrategia integral que vincule al sector privado, a la banca y a la política fiscal en un mismo objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.
La orientación del crédito es un ejemplo claro de esta desconexión. Mientras en economías desarrolladas el sistema financiero apuesta a largo plazo por el sector inmobiliario, en Honduras la mayor parte de los recursos se canaliza hacia préstamos de consumo y actividades comerciales, dejando rezagado el financiamiento habitacional.
Esto limita las opciones de las familias, encarece el acceso y reduce el potencial del sector construcción como motor económico. La experiencia internacional demuestra que la política fiscal puede corregir estos desequilibrios.
En Estados Unidos, por ejemplo, los intereses pagados por hipotecas son deducibles del impuesto sobre la renta, reduciendo la carga fiscal de las familias y facilitando la compra de vivienda.
Además, se aplican exenciones o descuentos en el impuesto de bienes inmuebles para primeras viviendas, nuevos propietarios o grupos específicos como jóvenes profesionales, veteranos o personas con discapacidad.
Estas medidas generan un doble impacto positivo porque incrementan la capacidad de pago de las familias y dinamizan la economía. El sector construcción tiene un alto efecto multiplicador, pues cada proyecto habitacional impulsa industrias como la producción de materiales, transporte, servicios técnicos y financieros, entre otros.
En Honduras, la legislación tributaria no contempla incentivos generalizados para las personas naturales que construyen o adquieren una vivienda. Algunos proyectos de interés social promovidos por desarrolladores privados cuentan con beneficios fiscales, pero la mayoría de estos se concentran en el lado de la oferta y no de la demanda.
Es decir, se privilegia a las empresas constructoras con exoneraciones, pero no se otorga un alivio fiscal directo a las familias que asumen el costo del financiamiento.
Una política fiscal orientada al acceso a la vivienda podría incluir, entre otras, medidas como la deducción de intereses hipotecarios del impuesto sobre la renta para personas naturales, con un tope anual que garantice la progresividad del beneficio, así como exenciones temporales en el impuesto de bienes inmuebles para primeras viviendas adquiridas o construidas, especialmente para familias de ingresos medios y bajos.
También se podrían otorgar créditos fiscales para mejoras habitacionales, incentivando remodelaciones, ampliaciones o mejoras estructurales; y programas de garantía estatal parcial para préstamos hipotecarios, reduciendo el riesgo para los bancos y permitiendo tasas más competitivas, pues el promedio de tasas de intereses que prevalece actualmente en el mercado bancario también representa un enorme freno para el sector.
Estos incentivos deben entenderse como una inversión, no como un gasto fiscal. Una vivienda digna no solo mejora la estabilidad familiar, sino que también tiene efectos positivos en la salud, la educación y la productividad.
Además, un mercado inmobiliario más dinámico incrementa la base tributaria a mediano y largo plazo, compensando la reducción inicial de ingresos. Honduras puede continuar con un sistema que deja a las familias fuera de la ecuación de la política fiscal, prolongando el déficit habitacional, o puede dar un paso hacia un modelo que promueva la inversión privada en vivienda a través de mecanismos de alivio tributario y acceso a crédito de largo plazo.
No se trata únicamente de construir casas, sino de construir futuro. La vivienda debe ser reconocida como un activo estratégico para el desarrollo nacional, capaz de generar bienestar, cohesión social y crecimiento económico.
Si no se actúa con decisión, el déficit habitacional seguirá creciendo; si se apuesta por incentivos fiscales y financieros inteligentes, es posible transformar uno de los mayores retos del país en una oportunidad de desarrollo sostenible.
