Por: Rodolfo Dumas Castillo
¿A quién protege realmente el salario mínimo en Honduras? La respuesta intuitiva apunta al trabajador, pero la evidencia empírica y el comportamiento del mercado laboral sugieren algo distinto; un sistema que, en su diseño actual, protege a quienes ya están dentro, mientras excluye silenciosamente a quienes intentan entrar. Uno de los peores vicios del sistema actual es la fijación de salarios basada estrictamente en el número de empleados. Esto crea una frontera de desincentivo económico pues una pequeña empresa que desea expandirse y contratar a su empleado número 11 o 51 se enfrenta a un salto en su estructura de costos que no responde a un incremento en su productividad o rentabilidad, sino a un simple conteo administrativo que no distingue si se trata de una panadería, donde los márgenes de utilidad son mínimos, o de una empresa comercial con rendimientos superiores. El resultado es perverso, pero perfectamente consistente con la microeconomía. El sistema induce el estancamiento deliberado o la fragmentación artificial de empresas. Muchos emprendedores prefieren mantenerse en la escala inferior o recurrir a la subcontratación opaca para evitar el salto de categoría salarial. Así, el salario mínimo, diseñado para ser un suelo de protección, termina funcionando como un techo de cristal al crecimiento de la fuerza laboral. El debate actual sufre de una miopía técnica grave al ignorar la Productividad Total de los Factores (PTF). En un entorno académico, es evidente que aumentar el salario nominal por encima de la inflación sin un aumento correlativo en la eficiencia productiva genera una presión inflacionaria de segunda ronda o, peor aún, una destrucción neta de plazas de trabajo. En economías con baja PTF estructural, como la nuestra, los incrementos salariales exógenos no redistribuyen productividad, la expulsan hacia la informalidad. Este modelo rígido no considera que sectores como el comercio minorista no poseen la misma elasticidad para absorber costos que el sector financiero o las industrias de exportación. Esa falta de diferenciación técnica condena a las regiones menos desarrolladas. Un salario mínimo uniforme a nivel nacional ignora las disparidades en el costo de la canasta básica regional; lo que es un salario de subsistencia en Tegucigalpa puede ser un costo prohibitivo en el corredor seco, empujando a comunidades enteras hacia la informalidad y el subempleo crónico. Esta distorsión no es casual, sino el resultado de la ausencia de mecanismos de indexación territorial que permitan ajustar el salario mínimo a las realidades económicas de cada región. El problema no radica únicamente en la posición de los sectores sindicales, sino en una arquitectura institucional que incentiva posturas rígidas. Ahora, vale preguntarse, ¿Qué tan real es una “conquista” que solo cubre a una minoría? Con una tasa de informalidad que ronda el 70% en el país, el salario mínimo es una regla que solo aplica para quienes ya están adentro del sistema. Para los millones que operan en la economía sumergida, este mecansimo se conviente en una barrera de entrada infranqueable. Al encarecer el costo de la formalidad sin ofrecer incentivos fiscales o de capacitación, el Estado y los sectores sociales están, indirectamente, condenando al trabajador informal a la precariedad permanente, privándolo de seguridad social y acceso al crédito. En la práctica, el costo de la formalidad, entre cargas laborales, cumplimiento regulatorio y rigidez normativa, supera con frecuencia la capacidad operativa de unidades productivas pequeñas. Es imperativo abrir el debate sobre la transición hacia un modelo de fijación técnica. Un mecanismo basado en variables objetivas y predecibles como inflación subyacente, PIB sectorial y un índice de precios regionalizado. Este tipo de esquemas no es teórico ni experimental. Existen modelos comparables en otras economías que han transitado hacia sistemas de ajuste automático mediante bandas o fórmulas indexadas, reduciendo la discrecionalidad política y mejorando la previsibilidad para empleadores y trabajadores. Despolitizar el salario mínimo permitiría que los ajustes sean graduales y automáticos, eliminando la incertidumbre de las negociaciones de última hora y los efectos nocivos de la retroactividad, que suelen asfixiar el flujo de caja de las MiPYMEs cada primer trimestre del año. El verdadero tabú que debemos romper no es el monto del salario, sino la arquitectura institucional que lo sostiene. Necesitamos un sistema que incentive la contratación y que reconozca que la mayor conquista laboral no es un aumento plasmado en La Gaceta, que en la práctica pocos pagan, sino la creación de un ecosistema donde el empleo formal sea la norma y no la excepción.
