Por Sergio Ramírez
¿Qué es Centroamérica en el siglo veintiuno? ¿Qué pasa con esta región de medio millón de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes, volcánica en su geografía, y volcánica en su historia política? Poco ha cambiado desde el siglo pasado, cuando la búsqueda de la modernidad democrática se vio frustrada por dictaduras militares, golpes de estado, intervenciones extranjeras y revoluciones fallidas.
El sistema económico sigue siendo injusto, la distribución de la riqueza no tiene equidad, la pobreza continúa siendo endémica, la clase media se ha empobrecido, el sistema educativo es deficitario, las poblaciones indígenas siguen marginadas, los recursos naturales y el medio ambiente son depredados.
Y los sistemas democráticos, precariamente construidos, ceden frente al impulso renovado del caudillismo autoritario que se presenta bajo vestiduras de izquierda, como en Nicaragua, o de derecha, como en El Salvador. Las migraciones masivas, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la violencia, son ahora actores permanentes del drama. Y la panacea no es construir escuelas, sino megacárceles.
Desde la independencia, el caudillismo ha sido un animal que esconde a veces el hocico para volverlo a sacar y devorar las instituciones. Por eso perdimos el siglo veinte en términos de institucionalidad y asentamiento de un verdadero estado de derecho; y hemos entrado en este siglo veintiuno con muchas lecciones aún por aprender, o incógnitas que despejar.
Las cuentas pendientes en la Centroamérica real están a la vista en números rojos: seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, inclusión social, justicia económica, igualdad de género. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública, sistemas de salud universales, educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo.
Los gobiernos autoritarios, sean duros o moderados, de derecha o izquierda, no pueden asegurar la convergencia de fortalezas para dar vida a un sistema democrático que genere bienestar. Al contrario, ven la democracia participativa y el pluralismo como un obstáculo a su continuidad en el poder. Y mientras en uno solo de nuestros países la democracia sufra falsificaciones, los demás se verán necesariamente afectados, y continuarán postergadas las ideas de integración económica y política, una panacea reiteradamente derrotada desde la época posterior a la independencia, cuando fracasó la República Federal.
Los regímenes autoritarios terminan por homogenizar el discurso demagógico de que las instituciones democráticas son el obstáculo para asegurar el orden y la seguridad, y la lucha contra el crimen organizado, desafíos que solo podrían ser enfrentados por hombres fuertes que concentran todo el mando.
Las constituciones políticas centroamericanas han planteado siempre el ideal de sociedad republicana en términos de retórica altisonante que nunca se han correspondido con la realidad. Hoy en Nicaragua la nueva constitución cierra esa distancia, e impone en sus artículos una dictadura matrimonial bicéfala, sin pudores ni disimulos, unos copresidentes, marido y mujer, que controlan un ente llamado “la presidencia”, del cual dependen “órganos”, no poderes independientes: el órgano judicial, el legislativo, el electoral; y la policía y el ejército. Un Montesquieu en calzoncillos.
