Por Rodrigo Amador
En Honduras somos expertos en resolver problemas con soluciones que todavía no sabemos cómo ejecutar. Basta con que un presidente extranjero consiga resultados que parezcan admirables para que aquí nuestros políticos quieran imitarlo, aunque todavía no sepan cómo hacerlo. Ahora el Congreso Nacional quiere endurecer las medidas contra las pandillas y estudiar el modelo de seguridad de El Salvador. Entre las reformas anunciadas figuran utilizar tatuajes asociados con organizaciones criminales como elementos probatorios, ampliar de 24 a 48 horas determinados plazos procesales, facilitar allanamientos bajo ciertas condiciones y restringir beneficios penitenciarios. Todo suena contundente, vende bien en los titulares y seguramente consigue aplausos. El pequeño detalle es que una cosa es anunciar mano dura y otra tener la capacidad de aplicarla correctamente. Porque, seamos honestos, en este país primero presentamos la solución y después preguntamos si tenemos cómo ejecutarla.
Combatir las pandillas es una obligación del Estado. Nadie necesita defender a un extorsionador para entender que la seguridad requiere medidas firmes. Pero también hay que saber distinguir entre investigar a un delincuente y convertir su apariencia en una sospecha. ¿Quién determinará que un tatuaje pertenece a una mara? ¿Qué otras pruebas serán necesarias? ¿Qué sucederá si una persona inocente termina señalada por un símbolo que se interpreta equivocadamente? No es lo mismo utilizar un tatuaje como parte de una investigación que permitir que se convierta en una especie de expediente criminal dibujado sobre la piel. Y antes de que alguien salga a decir que estamos defendiendo delincuentes, recordemos algo elemental: exigir pruebas y garantías no es ponerse del lado del criminal, sino evitar que el Estado cometa injusticias mientras intenta combatirlo. Una política de seguridad seria debe perseguir a los culpables sin convertir a los inocentes en daños colaterales. Pero hay una pregunta que parece interesarles bastante menos a nuestros diputados: ¿tenemos capacidad para ejecutar estas reformas? ¿Hay suficientes investigadores, policías, fiscales, jueces y centros penitenciarios? ¿Tenemos presupuesto para sostener las operaciones, procesar los casos y mantener a las personas detenidas? ¿Pueden nuestros tribunales absorber más expedientes sin que la justicia termine convertida en una fila interminable? Porque las leyes no funcionan por entusiasmo.
Aprobar una reforma puede tomar una sesión legislativa; conseguir que funcione exige dinero, personal, planificación y controles. Ninguna de esas cosas aparece mágicamente después de publicar una ley en La Gaceta, por mucho que algunos diputados parezcan convencidos de que gobernar consiste en anunciar medidas cada vez más duras.
Ya vimos una versión de este problema cuando Odir Fernández planteó eliminar el examen de admisión de la UNAH. La propuesta de facilitar el acceso a la educación superior sonaba estupenda, hasta que aparecía una pregunta bastante incómoda: ¿dónde iban a estudiar todos esos jóvenes? La universidad ya enfrentaba limitaciones para atender a sus estudiantes actuales. Eliminar el examen no construía aulas, no contrataba docentes, no multiplicaba los laboratorios ni aumentaba el presupuesto. El problema no era querer abrir oportunidades, sino presentar una solución sin explicar cómo sostenerla. Con la seguridad estamos cayendo en una tentación parecida: queremos importar medidas populares, pero no escuchamos el mismo entusiasmo cuando toca discutir cuánto cuestan, qué instituciones las ejecutarán y qué consecuencias podrían tener.
Estudiar la experiencia salvadoreña puede ser útil, pero Honduras no es El Salvador. Tenemos condiciones económicas, judiciales y penitenciarias distintas. Si nuestros diputados quieren aprender de otras políticas de seguridad, que investiguen sus resultados, sus costos, sus riesgos y las condiciones necesarias para adaptarlas. Lo que no necesitamos es convertir la seguridad en una competencia de quién anuncia la medida más dura. Para copiar una reforma basta con leerla; para gobernar hay que entenderla y tener cómo aplicarla. De lo contrario, terminaremos con leyes importadas, instituciones desbordadas y los mismos problemas de siempre. Eso sí, con una ventaja extraordinaria: nuestros diputados podrán decir que hicieron algo. Porque en Honduras parece que tenemos la solución para todo; lo único que nunca aparece es todo lo demás.
