“Eran las siete de la mañana; y uno por uno al matadero; pues cada cual tiene su precio; buscando visa para un sueño”. Lo anterior es el estribillo de una de las tantas y más conocidas canciones del compositor dominicano Juan Luis Guerra y se refiere a los cualquiera de cualquier parte que gestionan el milagro para que les den una visa y acceder a los Estados Unidos.
Lo contrario ocurre con los poderosos o funcionarios que no pasan ni zozobra ni dificultades para obtener ese permiso de ingreso, pero a quienes sus sueños sibaritas (lujos) en ese país se les hacen añicos cuando les niegan la visa o se las quitan.
Si existiera un listado de gente que tiene seguro un visado para el infierno, seguramente ni estar en él causaría tanto pánico como el habido en los enrolados en las listas de desvisados para gozar con el Tío Sam.
Ha ocurrido antes y ocurre ahora, y ni que enojarse ni enfermarse con una decisión unilateral y soberana del Gobierno estadounidense que, al dar el visado premia y al suspenderlo castiga a involucrados en corrupción, o socavan la débil y contaminada democracia hondureña.
Lo que para los norteamericanos es normal, para algunos de los desvisados les resulta un cisma habida cuenta que sin la visa ya no podrán divertirse con su prole en Disney, veranear en Miami o presumir en Nueva York y Washington.
Pocos de los castigados antes y ahora, no sin amargura, quieren aparentar o hacer creer que la visa les resbala porque odian al “imperio” o a los “yanquis” y prefieren volar a otras latitudes en donde se sienten ideológicamente afines, aunque saben que no son refugios cómodos en los cuales protegerse o asilarse una vez que los saquen del poder.
Obviamente en esa lista no aparecen ciudadanos comunes, no, solo está un grupo de privilegiados en el poder, de antes y de ahora, acusados o condenados por supuestamente interferir malamente en el juego democrático.
Pocas situaciones causan tanta polémica y provocan especial escozor o roncha a los enlistados que, además de las sanciones del Gobierno norteamericano, son expuestos a la vendetta pública o al linchamiento moral el cual se debe admitir, contrario al señalamiento de los norteamericanos, le vale “al de cuello blanco” por su naturaleza cínica e inescrupulosa.
En esa lista de más de 50 hondureños desvisados -sumando los de esta semana- hay burócratas, políticos y expresidentes acusados como supuestos delincuentes, como los dos más recientes mandatarios, correligionarios y ambos enjuiciados.
Al ex mandamás extraditado como supuesto narcotraficante se añaden los primeros 21 nombres publicados en julio 2021 y que, incluyó al expresidente Lobo Sosa y su mujer, y recién en julio 2022 se conoció la lista de otros 15 connacionales de los que dos son vicepresidentes del Congreso Nacional y ahora se anunció la suspensión de la visa a más de 20 funcionarios.
En 2022, se sancionó por la “Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte”, más conocida como “Lista Engel”, aprobada en 2020, para sancionar a involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en Honduras, Guatemala y El Salvador.
La “Lista Engel” surgió en 2019 para apoyar a Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte.
La primera consecuencia para los cuestionados es que no pueden ingresar legalmente a los Estados Unidos, a menos que se conceda una exención del Departamento de Seguridad Nacional.
Dicha ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones como el bloqueo de propiedades a los involucrados en actos de corrupción.
Para castigar a los que considera corruptos o corrompidos, el Departamento de Estado estadounidense utiliza toda información creíble contra la corrupción en la región.
Tres son las causales que determinan que alguien sea sancionado dentro de la lista Engel: 1) Que se trate de extranjeros que, con conocimiento de causa hacen parte de acciones que socavan la democracia; 2) Que intencionalmente participen en casos de «corrupción significativa; y 3) Que obstruyan investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros, sin descartar que podrían ser enjuiciados en los Estados Unidos.
Frente a ese esfuerzo transnacional para sancionar a corruptos y corruptores en las altas esferas del Estado, argumentos venidos a menos u olvidados cuando antes se castigó al oponente ideológico o rival político, son desempolvados y esgrimidos para defender a los suyos acusando a la gran potencia mundial de implementar una política intervencionista e injerencista.
Aunque la presión externa e interna puede ayudar a los países a proteger su democracia frente a la corrupción, por sí solas, las sanciones en esa lista parecen insuficientes pues los cuestionados pueden sobrevivir a pesar de las acusaciones y la coacción de afuera porque el acompañamiento dentro del país es débil y el sistema está maltrecho y por demás vulnerable.
Eso es cierto, pero no por eso malo ante la alcahuetería de una ciudadanía saqueada que no castiga, más bien perdona y olvida, y además consiente y premia a sus saqueadores.
