Por Héctor A. Martínez
Los hondureños siempre hemos vivido expuestos a las mentiras de los gobiernos. Aunque hoy en día a la mayoría de los ciudadanos les importa un pito si los políticos dicen la verdad o no, estos insisten en desplegar su propaganda para dejar constancia de la eficacia de su trabajo y para ganar “opinión pública favorable”.
Si bien la democracia exige transparencia a los actos del poder, la incapacidad obliga a muchos gobernantes a edulcorar la realidad para mantener algún grado de aceptación y evitar que el malestar social ponga en riesgo la estabilidad del sistema. Es lo que sucede con los programas de lucha contra el crimen. Frente a una delincuencia que ha adquirido dimensiones sin precedentes, las autoridades encargadas recurren a una vieja estrategia basada en dos conocidísimas fórmulas: la exhibición en vivo de cualquier operativo –como si se tratara de un reality— y el manejo de estadísticas que hablan de una supuesta mejoría. Desde luego que detrás de esto existen intereses políticos, al tiempo que los secretarios de seguridad y jefes policiales se ven obligados a actuar como verdaderos candidatos en campaña, apareciendo a cada rato por televisión para dar cuenta de sus incursiones “exitosas”.
Asumen que los “golpes frontales” al crimen representan un respaldo electoral al partido en el gobierno y, de paso, les garantizan conservar el puesto.
Sin embargo, por muchas “saturaciones” que despliegue la policía -así llama a sus operativos—, hay algo que ninguna estrategia de seguridad puede resolver por sí sola: la pobreza, la escasez de oportunidades y la amplia brecha de desigualdad que existe entre los que pueden y los que no tienen. Mientras el Estado no cree las condiciones para atacar las raíces sociales que alimentan el crimen, la policía se verá obligada a maquillar la verdad a punta de discursos y espectáculos callejeros. Es esa misma realidad que mantiene a raya al sistema político, lo desborda y termina deslegitimándolo.
El discurso machacado de la reducción del crimen y los comparativos estadísticos entre el presente y el pasado no convencerán jamás al usuario del transporte colectivo, al comerciante que sufre de extorsión, a los que han migrado por temor a las pandillas o a las familias de quienes han sido asesinados. Una cosa dicen los números y otra muy distinta experimentan los ciudadanos.
La pretensión de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, de que sus estadísticas deberán ser aceptadas como verdad inexpugnable, chocará siempre con la experiencia de los ciudadanos que no viven en circuitos cerrados ni cuentan con vigilancia permanente. Por otro lado, un poco de lógica debería dictarle a los jerarcas policiales que las redes sociales son un testigo ininterrumpido de lo que ocurre en cualquier rincón de Honduras y a cualquier hora.
Ayn Rand resumía una idea elemental con su principio de identidad: la realidad es una sola y las cosas son como son. Mientras las condiciones que alimentan el delito sigan intactas, ningún discurso policial logrará convencer a los ciudadanos de que viven en un país seguro, mientras el miedo sigue formando parte de su vida cotidiana. Dicho de otro modo, la inseguridad no se corrige con estadísticas ni transmisiones en vivo, como si fuera un partido de futbol.
