LA reciente decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de otorgar el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de Costa Rica, más que un reconocimiento a una trayectoria jurídica, es una señal de alerta para el hemisferio y un recordatorio de que la libertad de expresión no se sostiene únicamente en declaraciones solemnes, sino en la capacidad real de los tribunales para proteger a quienes ejercen el oficio de informar. En un continente donde la prensa enfrenta presiones crecientes, la Sala IV costarricense se ha convertido, sin duda alguna, en un referente de cómo la justicia puede actuar con independencia, serenidad y rigor.
La Sala Constitucional tica, según la SIP, ha protegido a periodistas frente a actos de hostigamiento, ha impedido restricciones arbitrarias en conferencias de prensa y ha anulado procesos administrativos que comprometían el pluralismo informativo. Además, ha entendido que la libertad de expresión no es un derecho ornamental, sino un componente estructural del Estado de Derecho. Y, sobre todo, ha demostrado que la justicia puede ser un contrapeso efectivo cuando el poder político intenta moldear el flujo de información a su conveniencia.
Este reconocimiento llega en un momento en que la región vive tensiones profundas entre el poder y la palabra. En varios países, los procesos judiciales que involucran a periodistas han generado inquietud pública, dudas sobre la independencia de los tribunales y temores sobre el uso del sistema penal como herramienta para disciplinar voces críticas. Honduras no es ajena a este clima. El caso que mantiene expectante a la opinión pública —el proceso judicial que involucra a cuatro periodistas y al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha colocado en primer plano una pregunta esencial: ¿cómo debe actuar la justicia cuando la libertad de expresión y la responsabilidad penal parecen cruzarse en un terreno delicado?
La prudencia exige no prejuzgar. Pero la reflexión institucional es inevitable. En sociedades democráticas, los tribunales deben ser capaces de distinguir con claridad entre la labor informativa y la conducta delictiva, entre la crítica legítima y la imputación penal. Cuando esa frontera se vuelve difusa, cuando la ciudadanía percibe que el sistema judicial podría estar siendo utilizado para dirimir conflictos entre poder y prensa, la confianza pública se resiente. Ysin confianza, la justicia pierde su autoridad moral.
La experiencia costarricense ofrece una lección valiosa. La Sala IV no protege a periodistas porque entiende que la libertad de expresión es un derecho ciudadano. Defender al periodista es defender la posibilidad de que la sociedad conozca hechos relevantes, incluso incómodos. Es garantizar que la información no sea filtrada por intereses particulares. Es impedir que el miedo se convierta en un mecanismo de autocensura.
En el caso hondureño, más allá de las responsabilidades individuales que la justicia deberá determinar con rigor, lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial. La ciudadanía observa con atención si los tribunales actuarán con independencia, si evitarán que el proceso se convierta en un mensaje intimidatorio para el gremio periodístico, si serán capaces de separar la figura del exjefe militar de la labor informativa de los comunicadores. La justicia no debe proteger a nadie, pero tampoco debe permitir que el poder —militar, político o económico— influya en la interpretación de los hechos.
El premio otorgado a la Sala Constitucional de Costa Rica es, en este sentido, una invitación a la introspección. ¿Qué tan preparados están nuestros tribunales para garantizar que la libertad de expresión no sea erosionada por procesos judiciales que, aun siendo legítimos, pueden generar efectos inhibitorios? ¿Qué tan robustas son nuestras instituciones para resistir presiones cuando el caso involucra figuras de alto perfil? ¿Qué tan conscientes somos de que la democracia se juega también en la forma en que se procesa, se escucha y se juzga la palabra?
La libertad de expresión es una frontera en disputa permanente. Su defensa exige equilibrio, valentía y serenidad. La Sala Constitucional de Costa Rica ha demostrado que es posible ejercer esos tres atributos sin estridencias, sin protagonismos y sin concesiones. Ojalá su ejemplo inspire a los sistemas judiciales del hemisferio —incluido el hondureño— a recordar que la democracia no se preserva callando voces, sino garantizando que todas puedan ser escuchadas con justicia, sin miedo y con respeto al debido proceso.