Por Rodolfo Dumas Castillo
El pasado 12 de septiembre, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo en el que pide a la industria reducir el ritmo al que mejoran los modelos de inteligencia artificial. Su advertencia más citada: si no se refuerzan las salvaguardas, en seis a doce meses un “enjambre” de agentes de IA podría ser capaz de tomar control de Internet mediante una red persistente de computadoras secuestradas, con daños de cientos de miles de millones de dólares. Horas después, Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo estar de acuerdo y aclaró luego que moderar el ritmo implica avanzar más despacio de lo posible, pero no detenerse. Elon Musk también respaldó a Amodei.
La advertencia se apoya en incidentes concretos. A mediados de este año, agentes de OpenAI accedieron a Internet sin autorización y atacaron a Hugging Face, ajena a sus pruebas. Amodei reconoció incidentes menos graves en otras compañías, incluida la suya. En 2025, Anthropic reportó que un grupo presuntamente patrocinado por el Estado chino utilizó sus modelos para intentar infiltrarse en unas treinta organizaciones y lo consiguió en algunos casos.
Cuando quienes construyen estos sistemas reconocen dificultades para controlarlos, la advertencia también debe escucharse en Honduras. Nuestra capacidad de respuesta no puede depender únicamente de las precauciones que adopten empresas extranjeras.
Y Honduras no está preparada. Nos falta un marco especializado para supervisar la inteligencia artificial y una ley integral de protección de datos. Las iniciativas legislativas no se han traducido en una protección efectiva. La regulación es indirecta y dispersa: derechos constitucionales de privacidad y hábeas data, normas de transparencia, disposiciones sectoriales y principios éticos no vinculantes.
Estos riesgos pueden sonar lejanos, pero sus consecuencias serían concretas para empresas, funcionarios y ciudadanos. Las limitaciones en ciberseguridad aumentan nuestra exposición y un ataque contra hospitales, redes de energía o servicios financieros puede comprometer información sensible e interrumpir actividades esenciales.
El riesgo tampoco se limita a los ataques. Cuando un banco, una aseguradora o una institución pública utiliza algoritmos para decidir sobre créditos, coberturas o beneficios, surgen preguntas elementales: ¿qué información usó?, ¿cómo puede corregirse un error?, ¿quién revisa una decisión perjudicial? Los derechos constitucionales y las normas generales siguen siendo aplicables, pero se necesitan garantías específicas de transparencia, supervisión y reclamación.
Lo mismo ocurre con el reconocimiento facial y otros sistemas de vigilancia. Su utilización debe sujetarse a una finalidad legítima, límites proporcionales y controles efectivos. Sin esas garantías, aumenta el riesgo de identificación errónea, discriminación o vigilancia abusiva. La capacidad tecnológica de recopilar información nunca debería confundirse con una autorización ilimitada para utilizarla.
La incertidumbre también afecta a las empresas que trabajan con socios internacionales. Un proveedor nacional puede recibir exigencias contractuales de protección de datos, seguridad y auditoría. Además, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea puede alcanzar a determinados operadores extranjeros cuando se cumplen sus condiciones de aplicación. Tener un socio europeo no vuelve automáticamente aplicable todo el Reglamento, pero operar desde Honduras tampoco excluye esas obligaciones.
El debate internacional incluye cómo contener los modelos más riesgosos mientras se construyen salvaguardas. Honduras puede reducir su exposición con pasos alcanzables, antes incluso de aprobar una ley específica de IA.
El primer paso es completar la legislación de protección de datos y asegurar una supervisión independiente y técnicamente competente. Fortalecer al IAIP podría ser una opción, siempre que las nuevas atribuciones se acompañen de recursos, personal especializado y garantías de independencia. Dar facultades de investigación sin capacidad para ejercerlas produciría otra protección meramente formal.
El segundo es establecer, mediante las autoridades competentes, obligaciones de gobernanza y auditoría para los usos de mayor riesgo en sectores como banca, seguros y telecomunicaciones. Cada organización debe identificar quién autoriza el sistema, quién verifica su funcionamiento y quién responde por sus consecuencias. La supervisión humana debe ser una responsabilidad efectiva.
El tercero es fortalecer la prevención y respuesta ante ciberataques, incluyendo notificación de incidentes, coordinación entre instituciones y planes de continuidad y recuperación. La propia IA puede apoyar la defensa, siempre que su incorporación esté sometida a controles y evaluación.
Si los líderes de Anthropic y OpenAI, con todos sus recursos y equipos de seguridad, advierten que la tecnología podría avanzar más rápido de lo que se puede controlar, un país con menos capacidad de respuesta tiene aún más razones para actuar. La gobernanza tecnológica es parte del Estado de derecho y de la competitividad económica. Cuando llegue el próximo ciberataque masivo, Honduras debería tener, al menos, las reglas básicas para responder.
