Por: Marcia Aquino, Oficial de Asesoría Legal del COHEP y Experta en Derecho Fiscal
Parte 2
No radica en la existencia de un régimen fiscal especial, sino en la falta de una respuesta correcta, técnica y adecuada para aclarar que: (i) las ZOLI permiten tener inversionistas tanto nacionales como extranjeros que puedan hacer uso del régimen (articulo 1 párrafo segundo reformado del Decreto 08- 2020); (ii) el registro tanto de los beneficiarios del régimen existe y es administrado por la Dirección general de control y franquicias aduaneras (DGCFA), así como el acceso al conocimiento de los dueños de dichas empresa; (iii) esta condición de sustancia en las actividades de propiedad intangible es requerida para que en la legislación se incorpore una restricción que asegure que este tipo de actividades cuenten con personal físico y que la propiedad intelectual del activo este situado en el mismo lugar.
En vista de lo anterior resulta lamentablemente el Gobierno ante estos requerimientos de aclaración no cuente con la capacidad técnica de identificar el alcance de la nota y determine que la solución para esto es “eliminar el régimen”, sin considerar el impacto económico y las repercusiones negativas que esta decisión conlleva.
Este tipo de falsas declaraciones preocupan en sobremanera ya que el Gobierno pareciera que no reconoce ni identifica el daño que causa a la inversión, pero sobre todo a la imagen del país y al pueblo en general, ignorando las implicaciones reputacionales que estas autoproclamaciones trae tanto para el gobierno como para el sector privado nacional.
Por todo lo anterior estas acciones tomadas nos llevan a pensar ¿Quién actúa de forma perversa?, cuando es la autoridad tributaria quien engaña a la población con mensajes erróneo y mal intencionado al tratar satanizar todo lo que genera empleo y representa “riqueza” para contribuir a mantener el desarrollo económico de la población.
Pareciera que el problema principal del gobierno no es atacar la pobreza, sino la riqueza imponiendo medidas que restringen y anulen las posibilidades de mejores condiciones económicas y crecimiento patrimonial, porque ahora tener patrimonio es un delito. El gobierno no logra o no quiere reconocer que la acumulación de patrimonio no es un pecado, y que el crecimiento y desarrollo económico TAMBIEN se da por personas emprendedoras que han empezado desde cero con mucho esfuerzo y dedicación.
Sin embargo lejos de convertirnos en un paraíso fiscal y contrario al “perverso” mensaje del gobierno en base a información incompleta y “mal interpretada”, Honduras SI esta entre los primeros 12 países considerados como un infierno fiscal y no por tener exoneraciones o por tener grupos económicos, sino por considerarse como un país cuyo estado de derecho es débil y casi inexistente, un estado en el que los derechos a la privacidad y a la propiedad no se aplican, con gobiernos de baja calidad, alta corrupción y discrecionalidad, con una gestión económica pobre e instituciones débiles.
Entonces, ¿Estamos viviendo en un “paraíso” o “inferno” fiscal?
