Por Rodolfo Dumas Castillo
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico, que impulsan SENPRENDE y la empresa Kolau con el respaldo de instituciones públicas y gremiales, se ha propuesto que más de 10,000 pymes y emprendimientos se incorporen cada año al comercio electrónico. Cualquier negocio puede crear gratis su tienda en línea con inteligencia artificial, en minutos, y recibir formación continua para venderle mejor a sus clientes.
Durante demasiado tiempo la digitalización pareció cosa de grandes corporaciones, mientras las pequeñas y medianas empresas seguían vendiendo con WhatsApp, una página de Facebook y la confianza personal de sus clientes de siempre. Que hoy un pequeño negocio pueda exhibir sus productos y recibir pedidos en línea es un avance real.
Como la adopción será masiva, conviene preguntarse desde ya si una pyme que usa inteligencia artificial para vender y atender a sus clientes sabe qué está haciendo con la información de esas personas. Tenemos la impresión de que la mayoría no lo sabe, y de que tampoco se lo ha preguntado.
Una tienda digital recoge nombres, teléfonos, direcciones, historiales de compra y, a veces, datos de pago. Si a eso se suma un chatbot que conversa con los clientes o una herramienta que estudia su comportamiento para mostrarles publicidad, el negocio familiar ha pasado a tratar datos personales a escala, lo sepa o no. En este caso, además, la tienda vive en la plataforma de un proveedor privado, con sus propios términos de uso.
Durante años se vio el compliance como un asunto de bancos y de empresas expuestas al lavado de activos. En la economía digital, buena parte del riesgo está en los datos que se recogen, en las decisiones que se automatizan y en la confianza de un cliente que quizá nunca ha visitado el local.
Honduras sigue sin una ley integral de protección de datos personales. El anteproyecto lleva años en el Congreso Nacional, detenido antes del tercer debate. Aun así, el empresario no opera en un vacío. Desde la reforma constitucional de 2013, el artículo 182 reconoce el hábeas data, que permite a cualquier persona conocer la información que se guarda sobre ella en bases de datos públicas o privadas y pedir que se corrija. Esperar a que el Congreso termine su trabajo para empezar a actuar con diligencia sería un error.
A una pyme le basta un kit mínimo de IA responsable, con cinco reglas que caben en una página. La primera es avisarle al cliente, en el momento en que entrega sus datos, para qué se van a usar. Alcanza con una frase visible, algo como “Usamos sus datos para procesar su pedido y responder sus consultas”.
La segunda es tener una política de privacidad breve, de una sola página, que explique qué datos se recogen, con quién se comparten, cuánto tiempo se guardan y cómo puede el cliente pedir que se corrijan o eliminen. Un documento de cuarenta apartados que nadie lee protege poco.
La tercera es que una persona revise las decisiones que afectan directamente al cliente. La IA puede sugerir un precio o contestar una pregunta frecuente, pero una devolución negada o un reclamo resuelto deberían pasar por alguien con nombre y apellido que responda por lo decidido. También conviene llevar una lista sencilla de las herramientas de IA que se usan, qué información se les entrega y qué condiciones impone cada proveedor. Es frecuente que un empresario suba a una plataforma su cartera de clientes o sus costos sin leer los términos de uso.
La quinta regla tiene que ver con el proveedor tecnológico. Una pyme que recibe una tienda gratuita firma las condiciones que le ponen, sin margen para negociarlas. Lo mínimo es que sepa qué aceptó, empezando por quién es dueño de los datos de sus clientes y si el proveedor puede usarlos para otros fines. También debería saber qué seguridad ofrece la plataforma y cómo recupera su información el día que decida irse.
La negociación sí pueden hacerla las instituciones que respaldan el plan. Entre sus aliados figuran Fedecámara, cámaras de comercio y el Colegio de Abogados de Honduras. Tienen el peso necesario para acordar con el proveedor condiciones estándar sobre la propiedad y la portabilidad de los datos, que protejan a miles de negocios a la vez. Sería un aporte concreto y barato a un plan que ya cuenta con su firma.
Ninguna de estas reglas exige consultores caros. Exige que el empresario entienda que, al abrir su tienda en línea, también asumió la custodia de los datos de sus clientes, y que esa responsabilidad cabe en una página.
