Finalmente se publicó el contenido de la Ley de Justicia Tributaria, pero con desanimo vemos que esta no incluye ninguna reforma que beneficie a los ciudadanos o que les disminuya la descomunal carga impositiva que han tenido que soportar por décadas y que solo ha servido para enriquecer a unos pocos, limitando las inversiones y la formalidad de los negocios. No se reduce el Impuesto Sobre Ventas, el más pesado tributo por su alcance universal, ni se elimina el nefasto “tasón de seguridad” que afecta a todos los sectores productivos por igual, restándonos competitividad. En todo caso, por ahora, el proyecto está sometido a un proceso de discusión y análisis público, por lo que aún existen posibilidades de mejorar o corregir algunos aspectos.
Entre otras cosas, sería interesante que la reforma incorpore disposiciones que impulsen la cultura tributaria y la moralidad fiscal para fortalecer la lucha contra la corrupción. Se puede hacer mucho para evitar la evasión y lograr mejores índices de cumplimiento de parte de los contribuyentes, sobre todo tomando en cuenta que según el Fondo Monetario Internacional “cuando los contribuyentes creen que el Estado es corrupto, la evasión impositiva se hace más probable.” Esta es una realidad incuestionable. Cuando se pierde la confianza en las instituciones públicas irremediablemente se debilita cualquier estrategia de estímulo del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Ese cumplimiento voluntario está íntimamente vinculado a la moral tributaria y, sobre esta última, encontramos la siguiente descripción: “Un conjunto de motivaciones internas para el cumplimiento tributario, que no tienen que ver con el dinero ni con el posible beneficio o provecho que brindan las elecciones de los individuos. Van desde los sentimientos de culpa o vergüenza por el incumplimiento; la disposición de pagar impuestos a cambio de recibir beneficios por parte del Estado; así como la influencia del comportamiento de sus pares y la posibilidad de recibir reconocimiento social. No basta tener un código normativo robusto con fuertes sanciones si la moral de los ciudadanos no se encuentra comprometida con lo que supone el interés general.”
Desde la perspectiva de los contribuyentes, particularmente de las personas jurídicas, ya existen programas de compliance o cumplimiento fiscal que contribuyen a evitar las infracciones, ya sea por riesgos de procedimiento o de interpretación de las normas tributarias (sobre estas hablaremos en otra ocasión). Sin embargo, igual importancia reviste para el sector público, donde resulta fundamental fortalecer la confianza como elemento de control de la corrupción, sobre todo cuando se trata de los órganos encargados de la recaudación, lo que es factible con la implementación de sistemas de gestión de riesgo (compliance) que garanticen el cumplimiento legal y que manifiesten un compromiso del Estado con la ética (compliance público). La administración tributaria, además de confirmar su compromiso con la observancia normativa, también refuerza su relación con los ciudadanos a través de la transparencia y la integridad.
Es por ello que muchos países han implementado políticas públicas que sitúan al ciudadano como actor eficaz en la lucha contra la corrupción. Encontramos ejemplos interesantes en nuestra región de esfuerzos para fortalecer de manera integral los mecanismos para la prevención y control de la corrupción, así como para aproximar la administración pública al ciudadano. En Colombia se crearon agencias especializadas para la implementación de sistemas de información que promueven la denuncia y la verificación ciudadana, entre ellas la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales. Perú también ha realizado esfuerzos parecidos con el programa denominado “Monitores Ciudadanos de Control”, implementado en el 2017 y que recibió el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva de parte de la Organización de Estados Americanos. Este permite que ciudadanos voluntarios realicen control social en obras públicas y en los procesos de contratación de bienes y servicios que involucren recursos públicos en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Existen otros modelos en nuestro continente que serían de gran utilidad y que servirían de guía para una implementación adaptada a nuestra realidad.
Teniendo en cuenta este panorama y partiendo de las mejores prácticas internacionales, son imperativos los esfuerzos por instaurar una gobernanza orientada a la rendición de cuentas, transparencia y cumplimiento regulatorio del sector público. Para ello es oportuno implementar mecanismos que refuercen la cultura del cumplimiento como un comprobado sistema de prevención de la corrupción. El compliance público servirá para exaltar la moral tributaria y fortalecer la lucha contra la corrupción, con procedimientos que permitan la detección y el control de los riesgos, reduciendo el cohecho y la evasión fiscal.
Por: Rodolfo Dumas Castillo, abogado.
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