Por Cnel. ® José Luis Núñez Bennett
A unos meses del inicio del gobierno de la “refundación”, las acciones autodestructivas de algunos simpatizantes de Libre parece irrefrenable. Una parte de la sociedad, más sensata, cree que es una trampa en la cual, tarde o temprano, revertirá contra la paz y la armonía social y por ende contra la democracia que aún camina en “pininos” después de cuarenta azarosos años. Nada indica que los políticos en el poder aprendieron las lecciones del pasado. Seguir mostrándose como víctimas de una acción pretérita y seguir socializando los costos del fracaso de la crisis del 2009 puede ser la semilla de la autoflagelación en vez de una esperanzada sanación o resurrección futura. Otro síntoma es la aplicación de indultos selectivos para exculpar penas por delitos de malversación del erario público y protegerlos contra investigaciones futuras, allanándoles el camino para su participación en futuros eventos electorales.
La sociedad reacciona con estupor al común accionar de los mal llamados colectivos, que medran en los ambientes donde la burocracia estatal dirime sus derechos ejerciendo presión para desalentar reclamos laborales o presionar para el nombramiento de un partidario. Sumado a lo anterior, nos enfrentamos a situaciones jurídicas irregulares que atentan contra la estabilidad judicial y legislativa del país y amenazan resquebrajar nuestro estamento jurídico en vez de arreglar los entuertos del pasado. En el universo político nacional prima una sensación inquietante de que estas jugadas, de tremendo impacto institucional, esconden un mensaje de refundación a costa de la democracia participativa, y llevarnos a un laberinto sin retorno sobre el futuro de la patria, camino al suicidio republicano.
A diario aparecen conflictos que dan la impresión que fueran orquestados para sembrar el caos y provocar el rompimiento de la estabilidad agrícola, el derecho a la propiedad y la capacidad productiva del campo. Los eventos de la zona sur, en donde se afectaron cienes de hectáreas de producción de cultivos exóticos y de fácil exportación, provocaron pérdidas por más de ciento cincuenta millones de dólares, justo en una época en donde la nación necesita de ingresos para reactivar y mejorar su economía. En otras oficinas es común el acoso laboral para forzar el retiro “voluntario” y dar espacio para adláteres y vividores del partido. Lo interesante de estas situaciones es la inacción de algunos organismos de Gobierno llamados a velar por la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados. Se reportan situaciones en donde estos participan en el acoso, realizando funciones de vigilancia y amedrentamiento, o reaccionando con indiferencia y el silencio cómplice.
Uno de los últimos acontecimientos que estremecen el derecho a la propiedad privada son los eventos en un sector de la ciudad de Tela, en donde un grupo de residentes de una residencial, cercana a la Comunidad de San Juan, fueron abusivamente restringidos, por varios días, para entrar o salir de sus viviendas obligándolos a alterar su pacifica existencia y contemplar cómo en forma irrespetuosa y abusiva, por algunos de los reclamantes, a vista y paciencia de la autoridad policial, invadían la propiedad privada, patios y áreas de recreación de su residencial. Los reclamantes argumentan que sus acciones están validadas por una demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos de Humanos para recuperar tierras ancestrales, unas 1770 hectáreas, sobre la costa caribeña del departamento de Atlántida. Derechos discutibles por cuanto también los “ladinos”, en cuya sangre están los genes indígenas que ya habitaban estas tierras, siglos antes del 1797, también tienen derechos ancestrales por posesión y usufructo de sus antepasados. El conflicto debería ser resuelto por la vía del diálogo y la mediación del Estado, cuya administración recae esta vez en el Gobierno de Libre. De nuevo aquí observamos una inacción sospechosa. Un país no puede funcionar si carece de un sistema judicial que vele por la justicia universal de sus ciudadanos.
En el gobierno de nadie, el Congreso Nacional, discute una nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional, copia de otros lares, en donde se pretende alterar la correlación de fuerzas alterando la verticalidad del mando entre la Presidente de la República y sus instituciones armadas. Pretender dejar por fuera del Consejo de Defensa a las Fuerzas Armadas y la Policía, es como organizar un comité de salud sin salubristas y médicos. Las fuerzas centristas deben rescatar del incendio, un objeto de inconmensurable valor como es la defensa y seguridad de la nación. De lo contrario vamos camino al suicido colectivo.
