Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Tras el anuncio de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), en Honduras se encendió un intenso debate para buscar los culpables de este revés migratorio que deja a más de 50 mil compatriotas con el riesgo de ser deportados de los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera la demagogia del Gobierno hondureño, las opiniones previsibles de algunos empresarios, la chabacanería de los militantes de los partidos políticos y los disparates de las masas en las redes sociales. Cada uno buscando entre los escombros del fracaso el origen de tan desafortunada decisión.
Un par de cosas al respecto. Por su naturaleza legal, el TPS es una concesión humanitaria para los ciudadanos de un país que han sufrido los efectos de una catástrofe natural, un conflicto armado o un acontecimiento extraordinario. Dura lo necesario mientras el país afectado regresa a la normalidad y vuelve a ponerse en pie. Pero en Honduras jamás volvimos a esa normalidad. Un cuarto de siglo después del desastre provocado por el huracán Mitch, seguimos clamando por una protección concebida para situaciones excepcionales y transitorias. Pasados veinticinco años, el Estado y el sector privado han fracasado en su promesa de garantizar un futuro próspero, no solo para quienes deberían retornar al país, sino también para los que se quedaron luchando en su patria.
Como las condiciones del país han ido de mal en peor, resulta lógico que los norteamericanos se cansaran de esperar por los cambios; de lo contrario, el TPS puede durar un siglo. Eso significa que el sistema político y económico hondureño, en su afán de preservar el statu quo, ha sido incapaz de sentar la bases para un crecimiento sostenido, atraer la inversión, revolucionar el sistema educativo y brindar seguridad y justicia. Lejos de eso, los gobiernos de los tres partidos principales, junto a las élites que los manejan, se hacen de la vista gorda o de los oídos sordos frente a los problemas estructurales. Ningún gobierno, durante cuarenta y cuatro años de vida “democrática”, ha logrado enfrentar la crítica situación del país o al menos advertir que, sin los cambios institucionales necesarios, la estabilidad social de la que hoy se precian puede derrumbarse el día menos pensado.
Lo que la mayoría de los ciudadanos ignora es que la migración constante actúa como un alivio de la presión social sobre el sistema o una suerte de válvula de escape que funciona a manera de regulador de los conflictos. Un millón de hondureños son un millón de voces que dejaron de protestar contra el poder, bloquear carreteras o tomarse los centros de salud. Además, las remesas representan el 26 por ciento del PIB. ¡Menudo negocio político!
Un par de preguntas que debemos hacernos. La primera: ¿por qué migran los hondureños? Porque en los Estados Unidos encuentran lo que aquí hace falta: empleo bien remunerado, servicios de calidad y seguridad. Otras más: si los “tepesianos” retornan, ¿a qué país regresarán? ¿A qué mercado laboral, a qué sistema de salud, a qué oportunidades? El mensaje del Gobierno norteamericano es más incómodo y directo: “Ustedes ya no necesitan más TPS, sino edificar un entorno de prosperidad y seguridad para que sus ciudadanos no tengan que marcharse para encontrar el país que quieren”.
