¿De qué sirve una economía con baja inflación, crecimiento moderado y cierta estabilidad cambiaria si el crédito sigue siendo un privilegio reservado para unos pocos? Para muchas personas en Honduras, el sistema financiero no representa una oportunidad, sino una barrera más.
Hoy, emprender, crecer o incluso mantener un pequeño negocio formalizado puede convertirse en una tarea imposible si no se tiene acceso a financiamiento en condiciones razonables. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente.
Las tasas de interés activas que aplican muchos bancos superan con facilidad el 20%, incluso para créditos con fines productivos. A esto se suman los requisitos casi inalcanzables para quienes no tienen propiedades que hipotecar, ingresos estables o historial crediticio.
En otras palabras: si no tiene, no le prestan. Y si necesita, es considerado de alto riesgo. Sin embargo, también hay un componente estructural que suele ignorarse en este debate: la política monetaria.
En Honduras, el Banco Central ha mantenido una Tasa de Política Monetaria (TPM) elevada durante meses, a pesar de contar con márgenes para reducirla. Esta tasa, que funciona como una referencia para todo el sistema financiero, termina encareciendo el dinero para los bancos y, en consecuencia, para los usuarios finales.
Adicionalmente, el encaje legal sigue siendo alto, lo que reduce la liquidez disponible para prestar. En resumen: el crédito es caro no solo por decisión de los bancos, sino también por inercia de la política monetaria.
Paradójicamente, Honduras ha mostrado avances en bancarización. Hoy más personas tienen cuentas bancarias, tarjetas y acceso a servicios digitales. Pero bancarización no es lo mismo que inclusión financiera real. Tener una cuenta no garantiza acceso al crédito.
Es como estar invitado a la fiesta, pero solo para ver desde afuera. Sin crédito, no hay expansión, no hay inversión, no hay desarrollo. Solo una formalidad sin contenido. Esta combinación de factores empuja a miles de hondureños hacia la informalidad.
No se trata de evasión o irresponsabilidad, sino de supervivencia. Quienes no califican para un préstamo bancario recurren al fiado, a prestamistas informales (la mayoría con prácticas abusivas) o simplemente renuncian a formalizar su actividad económica. Lo hacen porque al sistema le resulta más fácil decirles “no” que diseñar una vía para incluirlos.
Las consecuencias son evidentes: negocios que no crecen, empleos que no se crean, tributos que no se recaudan, talento que no se aprovecha. La informalidad se convierte en un refugio forzoso para quienes deberían ser el motor de la economía.
Y lo más preocupante es que nos estamos acostumbrando a esa realidad. Por supuesto, los bancos tienen una responsabilidad legítima de proteger sus activos y operar con prudencia.
Nadie cuestiona eso. Pero cuando el sistema en su conjunto (público y privado) decide no asumir ningún riesgo, tampoco cumple su función esencial de canalizar recursos hacia la economía productiva.
Se vuelve un sistema más cómodo en la gestión de liquidez que en la promoción del desarrollo.
En otros países latinoamericanos se han impulsado esquemas de microcrédito, garantías parciales del Estado, tecnologías de scoring alternativo y banca digital para llegar a sectores tradicionalmente excluidos.
¿Por qué no hacer lo mismo aquí? Si de verdad queremos reducir la informalidad, aumentar la productividad y expandir la base tributaria, debemos facilitar el acceso al crédito, no restringirlo más. La solución no pasa por un solo actor.
El Banco Central puede, y debe, utilizar su margen de maniobra para reducir gradualmente la Tasa de Política Monetaria y el encaje legal. El sistema bancario puede innovar con productos de riesgo controlado dirigidos a nuevos segmentos.
Y el Estado puede impulsar programas de garantías, fondeo productivo y educación financiera. Cada parte tiene un rol. Y, en conjunto, pueden abrir la puerta a un modelo económico más inclusivo, más dinámico y justo.
Una economía sin crédito es como una planta sin agua. Puede sobrevivir por un tiempo, pero no florece.
Si aspiramos a un país más dinámico, justo y con oportunidades reales, el sistema financiero, junto con la autoridad monetaria, debe atreverse a mirar más allá del equilibrio de corto plazo. A veces, todo lo que una persona necesita para salir adelante no es un subsidio, sino una oportunidad de financiamiento justa, accesible y valiente.
