Por Héctor Martínez (Sociólogo)
Mientras veía hace unos días el filme de 1971, “Lawman” –conocida en Hispanoamérica como “En nombre de la ley”— un western protagonizado por Burt Lancaster, me resultó inevitable establecer un paralelo con la realidad hondureña donde la transgresión de las leyes se ha vuelto una conducta ampliamente tolerada. Hollywood suele mostrarle al mundo cómo la sociedad norteamericana se asienta sobre dos pilares fundamentales: las reglas y los valores. La obsesión de los sheriffs de atrapar a los delincuentes iba más allá de los límites permitidos, porque habían hecho un juramento ante Dios y los hombres.
Mientras los norteamericanos pasaron por un largo proceso de aprendizaje institucional para instaurar un sistema de apego irrestricto a la ley, en Honduras, 205 años de vida republicana no han bastado para afianzar la legalidad y la responsabilidad cívica. En otras palabras, hemos normalizado el quebrantamiento legal como mecanismo cotidiano de adaptación cultural y sobrevivencia económica.
Según los sociólogos funcionalistas, la obediencia hacia las leyes crea una especie de conformidad social generalizada donde los individuos respetan a los demás, no solo por el temor a las sanciones, sino también porque son conscientes de que las libertades ciudadanas no pueden violarse. Es una forma de decir: “Respeta lo mío que yo respetaré lo tuyo”. Es el principio sobre el que descansa el Contrato Social de Rousseau. ¿Por qué, en nuestro caso, no hemos podido consolidar una sociedad fundada en el respeto a las reglas y principios morales, semejantes a las democracias del Primer Mundo? Los funcionalistas norteamericanos, como Merton y Parsons, sostenían que cuando los individuos no encuentran suficientes incentivos ni oportunidades en el sistema, estos buscarán alternativas de subsistencia, incluso rompiendo las reglas y valores más significativos de la sociedad.
Cuando ese escenario se convierte en una constante, la sociedad deviene en anomia, que es el término que describe una situación de irrespeto generalizado a la ley. Y ese es, precisamente, el punto al que hemos llegado.
Se entiende que en un país como Honduras donde el sector privado no logra absorber la mayor parte de la población laboral, debido a sus limitadas capacidades productivas, la violación de la ley deja de ser un problema moral para convertirse en una alternativa frente a la escasez de oportunidades. Sumado a esa situación, los destacados criminólogos, Steven Messner y Richard Rosenfeld proponen que la desviación normativa está estrechamente relacionada con la búsqueda de la ganancia rápida y la movilidad social expedita que desplaza al valor del esfuerzo tesonero. Cuando esa lógica se combina con instituciones y valores familiares deteriorados se genera una creciente frustración, materia prima de la desviación social. Los casos del saqueo al IHSS, el despilfarro de recursos de SEDESOL y de la fiscal que extrajo millones del Banco Central de Honduras, parecen ilustrar con claridad la teoría de la anomia institucionalizada sugerida por los sociólogos funcionalistas norteamericanos.
Lastimosamente, el problema no se resolverá instituyendo cuerpos policiales especializados ni tratando las causas en foros radiales y televisados. Mientras el sistema restrinja las oportunidades, el delito seguirá siendo una estrategia para alcanzar los objetivos personales. Por tanto, no busquemos la solución en la represión policial ni en la perorata de campaña, sino en una reforma profunda del sistema político y económico. No existe otro camino.
