Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Desalentados por la pérdida del terreno ideológico, los remanentes del progresismo hispanoamericano se ha reunido en Barcelona, epicentro político de la izquierda europea. Convocados por Pedro Sánchez y Luiz Inácio “Lula” da Silva, estos últimos vestigios del progresismo regional han establecido como objetivo primordial “coordinar una respuesta global frente al avance de la derecha radical, el autoritarismo y la crisis del multilateralismo”. Tales son las consignas, aunque lo más probable es que la agenda real apuntara hacia otra dirección.
Tras las últimas derrotas electorales, la izquierda latinoamericana busca rearticular un horizonte doctrinario que le permita recuperar impulso y volver a dar batalla. Todo apunta a Sánchez como el ungido, pues es el más locuaz y grandilocuente de los gobernantes llamados inexactamente “progresistas”. Además, el perfil del presidente del Gobierno español encaja perfectamente en la horma de ciertos gobernantes latinoamericanos de izquierdas, dadas sus inclinaciones autocráticas, su retórica antiintervencionista y, desde luego, por los episodios de corrupción, en particular los que involucran a Begoña Gómez, su esposa.
La tesis progresista no ha logrado superar el arquetipo marxista que la define, pese a las transformaciones del mundo contemporáneo. Persiste la noción de una flecha histórica que avanza en la dirección correcta cuando los supuestos intérpretes del rumbo dirigen las instituciones. Sin embargo, ese derrotero no desemboca ni en bienestar económico ni en la expansión efectiva de las libertades. Por el contrario, las experiencias en Venezuela y Nicaragua muestran economías altamente politizadas y la imposición de restricciones al pluralismo y el disenso.
En esa misma línea, el progresismo no ha resuelto la tensión entre crecimiento económico y la redistribución. Sus acólitos persisten en la idea de que el Estado es el llamado a corregir las desigualdades estructurales mediante impuestos, transferencias y gasto social. Bajo esa creencia, el estatismo –como el socialismo en sus distintas variantes— termina justificando la expansión de un aparato institucional orientado a intervenir en cada ámbito de la vida social. De ese dogma surge la práctica de una burocracia abultada, las redes clientelares y las transferencias en efectivo que, en la mayoría de los países latinoamericanos, solo han servido para promover la dependencia y la corrupción.
En todos los casos donde gobiernos progresistas han metido mano, los resultados económicos y sociales no son sustancialmente distintos de los regímenes que critican: bajo crecimiento, estancamiento de la productividad y una expansión desmesurada del gasto. Y, ante la incapacidad de crear bienestar y previendo las protestas, la respuesta es la de siempre: concentración del poder, autoritarismo y coerción contra las libertades más fundamentales.
Parece poco probable que la brújula perdida del progresismo se encuentre en Barcelona. Y si, por el contrario, sus integrantes no encuentran el rumbo ideológico para corregir sus eternas equivocaciones, ¿por qué no seducir a los electores con argumentos realistas, sin apelar al odio y a la división? Al final, el verdadero pueblo no demanda consignas callejeras: exige empleo, consumo y movilidad social. En síntesis, progresismo con más hechos y menos relato.
