Por Glenn Flores
En Honduras hay madres que tienen una sentencia a su favor y siguen sin ver un lempira. El papel existe. El juez firmó. Pero la pensión no llega.
El Reglamento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el REDAM, nació para que eso cambie. Aprobado por la Corte Suprema de Justicia y creado al amparo del Decreto 51-2016 de la Ley Especial de Maternidad y Paternidad Responsable, este instrumento regula el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y coordina la acción del Poder Judicial para que las sentencias no se queden en papel mojado.
El mecanismo es claro. Cuando un deudor con sentencia firme incumple tres cuotas continuas o cinco alternadas, el acreedor alimentario puede solicitar su inscripción ante el Juzgado de Familia correspondiente. El juez emite la orden, se notifica al deudor y, si no paga de inmediato, el registro se ejecuta de forma automática.
Las consecuencias son concretas y calculadas para incomodar. Un deudor inscrito no puede abrir cuentas bancarias, obtener préstamos, solicitar tarjetas de crédito, pasaportes, licencias de conducir ni habilitaciones comerciales. Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a consultar el portal oficial del Poder Judicial antes de autorizar cualquier trámite. La idea es simple: si el Estado no puede obligar a un padre a pagar, sí puede cerrarle puertas hasta que lo haga.
El REDAM no es solo una lista de morosos. Es una declaración de que la protección de las mujeres y la niñez tiene consecuencias reales, y de que la paternidad irresponsable deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema público. En un país donde la pobreza infantil sigue siendo una de las deudas más grandes, ese mensaje importa.
