LA reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad convocada para tratar el tema de la oleada de violencia que en los últimos días ha estremecido al país, ha sido oportuna y necesaria, aun cuando pareciera que nuestra sociedad ha venido acostumbrándose a convivir con la inseguridad. Los hechos recientes —el secuestro de un menor escolar, el asesinato de un maestro frente a sus alumnos, el repunte de feminicidios y la persistencia de la extorsión como un flagelo cotidiano— no son simples episodios aislados. Son síntomas de un deterioro profundo, acumulado y estructural, que exige respuestas firmes, integrales y sostenidas en el tiempo.
La convocatoria del Consejo y el anuncio de reformas al Código Penal, así como la decisión de aumentar el número de efectivos de seguridad en las calles, reflejan la preocupación del Estado ante una situación que amenaza la estabilidad social y la confianza ciudadana. Sin embargo, la gravedad del momento obliga a ir más allá de la reacción inmediata. Honduras ha vivido ciclos repetidos de endurecimiento penal, extensos períodos de “estados de excepción”, operativos masivos y despliegues extraordinarios de fuerza. Algunos han logrado impactos temporales; otros han desplazado el problema sin resolverlo. La experiencia nacional e internacional muestra que la violencia criminal, cuando se encuentra tan arraigada, no se combate únicamente con más leyes o más armas, sino con una estrategia coherente que combine prevención, inteligencia, justicia efectiva y reconstrucción del tejido social.
La extorsión, por ejemplo, no es solo un delito: es un sistema económico paralelo que se alimenta de la debilidad institucional, la informalidad y el miedo. Combatirla requiere fortalecer las capacidades de investigación financiera, proteger a quienes denuncian, desarticular redes completas y no solo capturar eslabones menores. Los feminicidios, por su parte, revelan fallas profundas en la protección de las mujeres, en la respuesta policial y judicial, y en la persistencia de patrones culturales que normalizan la violencia de género. El secuestro de un niño y el asesinato de un maestro frente a sus estudiantes son hechos que golpean el corazón mismo de la comunidad: la escuela, espacio que debería ser refugio, se convierte en escenario de terror. Cuando la violencia irrumpe en la vida escolar, el mensaje es devastador: ni la inocencia ni la educación logran blindarse.
Por ello, cualquier respuesta estatal debe ser proporcional a la magnitud del desafío. Las reformas al Código Penal pueden ser necesarias, pero no suficientes. La ampliación de policías y operadores de justicia puede ser útil, pero no decisiva si no va acompañada de profesionalización, depuración y supervisión rigurosa. La ciudadanía necesita ver resultados tangibles: investigaciones que concluyan en condenas, estructuras criminales desmanteladas, territorios recuperados, víctimas protegidas. La impunidad —que en muchos delitos supera el 90%— es el combustible que alimenta la violencia.
Al mismo tiempo, es indispensable reconocer que la seguridad no se construye solo desde los despachos. Se construye en los barrios, en las escuelas, en las familias, en las oportunidades que se abren o se cierran para los jóvenes. Un país donde miles de adolescentes ven en el crimen organizado la única vía de ascenso social es un país que necesita revisar no solo su política de seguridad, sino su modelo de desarrollo. La prevención social del delito no es un discurso vacío; es una inversión estratégica que reduce la violencia de manera sostenible.
La ciudadanía espera coordinación real entre instituciones, transparencia en las decisiones, evaluación constante de resultados y un compromiso que trascienda coyunturas. Honduras enfrenta una crisis que no admite improvisaciones. La respuesta debe estar a la altura del dolor que hoy vive el país y de la esperanza de quienes aún creen que es posible recuperar la paz.