Por Héctor A. Martínez
Sociólogo.
Millones de latinoamericanos creen que el poder está en manos del pueblo, pero esto no es cierto. El verdadero poder reside en los grupos situados en la cúspide del sistema político. Son círculos reducidos que indican a los partidos quiénes deben conformar los gabinetes de gobierno, los nombres que deben figurar para cargos de elección popular y cómo deberían quedar integradas las cortes supremas.
Esta revelación no tiene nada de sorpresiva: así ha funcionado la democracia liberal desde el siglo XIX y así parece que seguirá funcionando. El problema es determinar si el concurso de esas élites aristocráticas es o no beneficioso para un país.
Si analizamos con detenimiento la situación social de Honduras, es evidente que la realidad dista mucho de lo que establece la Constitución. ¿Somos un Estado verdaderamente democrático? ¿Se cumple en la realidad el principio de la soberanía popular? En términos concretos, ¿el modelo actual garantiza acceso efectivo a la seguridad, salud, empleo y vivienda?
Preguntamos esto porque, a la crisis política actual, habremos de sumarle otra de carácter económico y una de índole social. Desde cualquier perspectiva, el deterioro institucional es evidente, y no se necesita un análisis exhaustivo para advertir que el modelo ha fracasado. Basta con observar el ejemplo del CNE:
¿fueron los partidos, los representantes del pueblo o las élites dirigentes quienes resolvieron la crisis? En síntesis, hay una brecha insalvable entre la ciudadanía y el aparato político, cuya prioridad no es el bienestar de las mayorías, sino preservar un sistema que les garantiza privilegios y recursos a unos pocos, aprovechando las bondades del Estado.
Al quedar fuera de las prioridades de las élites y experimentar en carne propia el desempleo, los bajos salarios, la falta de vivienda y la inseguridad, las masas solo tienen una opción para cambiar las cosas: las elecciones generales.
Aunque la única soberanía que ejerce el pueblo es apenas de carácter electivo y no político, es en las urnas donde expresa su hartazgo ante una exclusión que, en el caso de Honduras, lleva más de cuatro décadas.
Los ciudadanos acuden con la esperanza de que, por vez primera, se cumpla con lo estipulado por la Constitución y que las promesas eternas se hagan realidad. No olvidemos que de un patrón de descontento generalizado llegaron al poder Fujimori, Chávez, Bukele y Milei. Políticos de toda suerte: descarten la idea del mal llamado “voto duro”.
La ciudadanía ya tomó una decisión; la marcha de las iglesias fue una clara señal de ello. Olvídense de fuerzas correlativas y de grupos históricos, como sostenía el buen Gramsci. Olvídense de colores y herencias partidarias.
En la actualidad surge una fuerza que no se identifica con ningún partido político, sino con aquellas figuras ajenas a la corrupción y al cinismo institucional.
Esa fuerza se llama “pueblo”, y todo indica que está listo para pasar factura este 30 de noviembre, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Se honrará la decisión de las masas en las próximas elecciones? Si la voluntad ciudadana no se respeta en las justas de noviembre, la historia, el karma, las contradicciones hegelianas o la condenación eterna se encargarán de encauzar las cosas por el camino correcto. Políticos: aprendan a leer al pueblo; no manipulen ni traicionen la esencia del poder popular.
