La Policía Nacional (PN) se pronunció después de que el Comisionado de la Policía, Aldo Oliva Rodríguez, arremetiera contra el nuevo mando de dicha institución por falta de transparencia.
Aldo Oliva arremetió días atrás contra el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y el jefe de la Policía Nacional, Héctor Sánchez.
Por no ser transparentes en cuanto a lo expresado en el caso de los tres aspirantes fallecidos en la Academia Nacional de Policía (Anapo).
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“Yo creo que es momento que los gobiernos sean más transparentes y en este caso que se han presentado el ministro de Seguridad y el directorio de la policía ante el Congreso, yo creo que deberían ser más transparentes”, afirmó Oliva.
Por medio de un comunicado de prensa, la institución se pronunció tras las declaraciones del comisionado Aldo Oliva.
Reveló que el Comisionado de Policía Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, cumplió este año su tiempo de Servicio Policial.
Por lo que se le notificó su separación el pasado 24 de agosto de 2022.
Además, en el comunicado No.50, dieron a conocer públicamente, los derechos adquiridos por el comisionado Aldo Oliva, luego de su suspensión y retiro.
Asegurando que, en diciembre de 2019 recibió de la Secretaría de Seguridad la cantidad de 6,231,671.17 lempiras.
En concepto de sueldos dejados de percibir y demás derechos colaterales.
Informe de la Policía Nacional
Por lo tanto, la Policía Nacional, informó que, al Comisionado de Policía en retiro Oliva Rodríguez se le separó de la institución policial en una ocasión por abandono de su cargo.
Según Acuerdo 0695-2013, el 25 de abril del año 2013, y que, en ese lapso, el funcionario realizó su trámite de pensión por jubilación.
En el Instituto de Previsión Militar, recibiendo una pensión mensual, aparte de su sueldo.
En el comunicado además señala que “sobre las declaraciones vertidas por el Comisionado de Policía en Condición de Retiro Oliva Rodríguez en un medio de comunicación que el titular de Seguridad fue impuesto”.
Además, “aclaramos que el nombramiento del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y del Director General de la Policía Nacional, son potestad del o la Presidente Constitucional de la República, como establecen los artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras”.