El Gobierno de la República, a través de la Comisión Técnica Liquidadora, interpuso este viernes una denuncia formal ante el Ministerio Público tras detectar un presunto perjuicio económico en contra del Estado de Honduras que asciende a 1,131 millones de lempiras.
La acción legal detalla graves anomalías financieras y administrativas cometidas durante la administración anterior (2022-2026).
La denuncia abarca 10 líneas de investigación focalizadas en seis instituciones que se encuentran en proceso de disolución o reestructuración.
Las auditorías técnicas e institucionales revelaron un patrón de inconsistencias severas, entre las cuales figuran contratos públicos cancelados al 100 % mediante anticipos sin que los proyectos fueran ejecutados, la adquisición de bienes de los cuales no existen actas de recepción formal, y transferencias de fondos de gran escala sin el debido sustento legal o contable.
Hasta la fecha, el proceso de liquidación institucional reporta un avance del 90 %.
Según informaron las autoridades de la Comisión, el propósito de este ordenamiento, además de deducir responsabilidades penales y administrativas a los exfuncionarios involucrados, es generar un ahorro presupuestario significativo para el Estado.
Estos recursos recuperados y optimizados se reorientarán de forma directa al financiamiento de sectores prioritarios como la salud pública, el sistema educativo nacional y la infraestructura vial.
El expediente completo con las pruebas documentales e informes de auditoría fue entregado a las fiscalías especializadas del Ministerio Público para que se inicien los requerimientos fiscales pertinentes y se proceda conforme a las leyes anticorrupción vigentes en el país.