A ver qué tan rápido –como exigen los apurados que acá quieren los resultados friendo y comiendo– se dilucida esa carrera, cuerpo a cuerpo allá en Perú. Un puñado de votos apenas separan a Keiko, la hija de Fujimori, que se lanza por cuarta vez y a Sánchez, el compañero de viaje apadrinado por el expresidente preso que, tal para cual, usan un sombrero de paja de ala ancha para identificarse con los votos rurales de las regiones del sur, andinas y amazónicas. Solo que, si continúa la racha acostumbrada, de quitar mandatarios, como cambiarse de calcetines, poco va a importar quien quede. Hace unos meses la presidenta era Dina Boluarte. Sustituyó al ñurdo Pedro Castillo cuando lo derrocaron por haber disuelto el Congreso. La vacancia de Dina la llenó José Jeri, presidente del Congreso, dizque “sustitución constitucional”. Pero no duró mucho ya que al poco tiempo se lo volaron con una moción de censura y fue sustituido por José María Balcázar.
Hubo otro, Manuel Merino, que solo duró cinco días. Asumió tras la destitución de Vizcarra, pero las masivas protestas y la represión policial, varios muertos y heridos, lo orillaron a poner la renuncia. También está el caso de Alan García. Cuando la policía entró a capturarlo a su casa de habitación, se encerró en su dormitorio y se pegó un tiro en la sien. El izquierdista Pedro Castillo cumple su pena en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima. Comparte este recinto con otros exmandatarios peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, todos depuestos por cargos de rebelión, conspiración o corrupción. Alberto Fujimori, fallecido en 2024, también estuvo recluido en este mismo calabozo. Vacancias, renuncias y destituciones –a primera vista, parecería un cuerpo político convulso– sin embargo, no colapsa. ¿Qué explica esa paradoja de un Estado que funciona en piloto automático? Resulta que cuando el gobierno tambalea, otras capas sostienen la arquitectura. Si bien la burocracia en todos lados es sinónimo de pachorra y de ineficiencia, en Perú hay una burocracia relativamente profesional que funciona como motor silencioso que evita el colapso. Los ministerios, el sistema tributario, los servicios públicos y la administración cotidiana no cambian con cada presidente. Existe una capa técnica que sigue operando: recaudación de impuestos; ejecución presupuestaria; servicios básicos. La autonomía de instituciones, como el Banco Central, que tienen independencia real: La política monetaria estable: control de inflación; confianza en la moneda. La economía no entra automáticamente en pánico. El modelo económico es relativamente estable: Desde los años 90, Perú ha mantenido apertura comercial, disciplina fiscal e inversión minera fuerte. No cambian las reglas del juego con cada gobierno. Los inversionistas perciben que, pese al ruido político, las reglas económicas no cambian radicalmente.
Fragmentación política (paradoja estabilizadora); aunque genera crisis, también evita concentraciones de poder: “Ningún actor domina completamente y se bloquean excesos radicales”. “Es un sistema caótico, pero no hegemónico”. Y de tanto descalabro, hay “una sociedad acostumbrada a la inestabilidad”. Suena raro, pero así es. “Ciudadanos, empresas y mercados aprenden a operar en incertidumbre y se desarrolla una cultura de resiliencia”. “Continuidad constitucional formal”. “Aunque se tensiona, el marco de la Constitución del Perú sigue siendo el referente: Hay sucesión presidencial, no hay vacío total de poder y se respetan ciertos procedimientos”. “No hay ruptura completa del orden, sino crisis dentro del sistema”. (Lección para esos manoseadores de la Constitución, que debiesen dejar la Constitución en paz, y así sea digna de respeto ciudadano, y para esos aventureros de las constituyentes). (Perú funciona –tercia el Sisimite– como un avión con turbulencia en la cabina, pero con piloto automático activado en los sistemas críticos: El gobierno (la cabina) es inestable pero el Estado (los sistemas) sigue operando. -Aunque cuidado –advierte Winston– este “piloto automático” no es una virtud permanente, sino una forma de resistencia. Pero tiene límites: Desgasta la legitimidad democrática, genera desafección ciudadana y puede colapsar si la crisis se profundiza).