Por Rodolfo Dumas Castillo
El economista Arthur Laffer, conocido por la curva que explica cómo tasas impositivas excesivas pueden terminar reduciendo la recaudación, advirtió en una entrevista con The Telegraph que Gran Bretaña está asfixiándose con impuestos. Su señalamiento debería resonar en Honduras. Cuando producir, invertir y contratar resulta cada vez menos atractivo, el Estado puede terminar debilitando la actividad económica de la cual depende su propia recaudación.
En un evento reciente del Banco Central de Honduras, su presidente, Roberto Lagos, hizo referencia a Paraguay y al largo tiempo que le había tomado levantar su economía. Nos alegró escuchar aquella mención. Esperábamos que, junto con la perseverancia, se destacara el esquema tributario de ese país, conocido como la regla “10-10-10”.
En los últimos tres años, la economía paraguaya registró una expansión promedio superior al doble del promedio de América Latina, con una inversión extranjera acumulada que ya superó los diez mil millones de dólares; un desempeño que no garantiza resultados idénticos, pero sí respalda la comparación.
La fórmula resume un impuesto a la renta empresarial del 10%, un IVA general del 10% y una tasa máxima del 10% sobre las rentas de servicios personales. Existen otros tributos, excepciones y tasas diferenciadas; sería incorrecto afirmar que toda la carga fiscal paraguaya se limita a esos porcentajes. Pero el esquema ofrece una referencia de competitividad tributaria que Honduras debería estudiar seriamente.
El desarrollo requiere tiempo, pero también de decisiones acertadas. La paciencia por sí sola no atrae inversiones y no crea empleos. Es válido aludir a cuánto tardó Paraguay en lograr esos resultados, pero también qué condiciones construyó para que invertir allí resultara atractivo.
En Honduras, la tarifa general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas es del 25%. Adicionalmente, según corresponda, la aportación solidaria y las aportaciones patronales (IHSS, RAP, INFOP). Concurre también un laberinto interminable de cargas municipales que exige enfrentar 298 sistemas tributarios de facto a nivel nacional. El ISV mantiene una tasa general del 15%. Son gravámenes con bases diferentes y no deben sumarse como si constituyeran una sola tasa; sus efectos, sin embargo, confluyen sobre la rentabilidad empresarial, la liquidez y la capacidad de consumo.
La factura tampoco termina en los impuestos. Incluye el tiempo dedicado a declaraciones, permisos y gestiones, así como los recursos necesarios para resolver incertidumbres administrativas (especialmente a nivel municipal). Para una pequeña empresa, esas exigencias pueden representar la diferencia entre contratar a otra persona o posponer su expansión.
Una política tributaria debe considerar esas decisiones. El inversionista compara cuánto arriesga, cuánto puede recuperar y qué certidumbre tendrá durante los próximos años. Cuando esa relación deja de ser razonable, el proyecto se aplaza o se establece en otra jurisdicción. El costo aparece después, en empleos que nunca se crearon y oportunidades que nadie llegó a conocer.
Dentro de esta revisión, Honduras debería eliminar el “Tasón de Seguridad”. Su componente sobre transacciones financieras grava determinadas operaciones canalizadas por el sistema bancario, lo que resulta abusivo al añadir un cobro al movimiento de recursos sin que ese movimiento demuestre, por sí mismo, la existencia de una utilidad.
Además, encarecer las operaciones bancarias, desalienta precisamente la formalización y la trazabilidad que el Estado debería promover. La seguridad pública merece financiamiento suficiente, pero mediante un presupuesto transparente y resultados verificables. La opacidad y la corrupción en el manejo del tasón no son sospecha y han sido documentadas en acciones penales por malversación y una década de fondos ocultos bajo una nefasta “ley de secretos”.
Eliminar esta carga exige cuantificar los ingresos que dejarían de percibirse y definir cómo financiar las necesidades de seguridad. La revisión debe identificar gastos prescindibles y mejorar las compras públicas. La responsabilidad fiscal también consiste en examinar cuánto cuesta sostener al Estado y qué obtiene la sociedad a cambio.
Honduras necesita una revisión integral de su carga tributaria nacional y municipal, con participación técnica, empresarial y ciudadana. Esa evaluación debería medir cuánto paga realmente una empresa y cómo cambia esa carga según su tamaño y actividad. A partir de allí, corresponde simplificar obligaciones y reducir, de forma gradual y fiscalmente sostenible, los tributos.
Si Paraguay merece ser citado por el tiempo que tardó en avanzar, también merece ser estudiado por las decisiones que tomó durante ese tiempo. Nosotros necesitamos dar ese paso y dejar de asfixiar la producción, devolviéndole a los contribuyentes el oxígeno tributario que necesita para crecer. El Estado debe recordar que, antes de recaudar sobre la riqueza, alguien tiene que encontrar razones para crearla.
